Southern paga S/ 16 millones a la Policía para cuidar sus minas y proyectos en el sur del país

El suboficial Leandro Marcial Flores Cahuana no perdió su vida en una balacera persiguiendo delincuentes. Ni en ningún operativo salvando a un ciudadano del peligro. La perdió dando seguridad a una empresa privada en la región peruana de Arequipa. El 8 de octubre del 2024, mientras realizaba un patrullaje por las inmediaciones del proyecto minero Tía María, propiedad de Southern Copper Corporation (SCC), la camioneta en que se movilizaba junto a otro efectivo y un miembro de seguridad privada, se desbarrancó casi 100 metros por una densa neblina.

Flores murió y sus otros dos acompañantes quedaron heridos. Entre ellos el suboficial de primera Dember Wilmer Medina Márquez. Horas después del accidente, la transnacional emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, que finalizaba extendiendo las condolencias a la familia y amigos por el efectivo perdido. El cuerpo de Flores fue enterrado tres días después en la ciudad de Arequipa.

Según ley, a solicitud de privados, como mineras, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) pueden brindarles servicios especiales de seguridad, previa publicación de una resolución del Ministerio del Interior (Mininter) y la suscripción del convenio. Este beneficio, que tiene la oposición de pobladores de comunidades en conflicto con actividades extractivas, está regulado en la actualidad por el Decreto Legislativo 1267, vigente desde el 2017, aunque estos documentos se suscriben desde hace 30 años. El decreto estipula que solo los efectivos que se encuentren de vacaciones, permiso o franco, pueden realizar esta labor.

En ese marco legal, Flores y Medina justamente cuidaban los terrenos de Tía María. Para un grupo de efectivos, estos acuerdos se convierten en una oportunidad para recibir un pago adicional a su remuneración habitual. El último convenio que firmó Southern con la Policía por Tía María es la Resolución Ministerial N°0087-2021-IN de febrero del 2021, por dos años. Cuando venció el plazo, las partes firmaron una primera adenda en mayo del 2023 para extender dos años más el pacto, hasta el 2025. 

Pagos millonarios

El Decreto Supremo N°152-2017-EF dispone pagar S/ 13.23 a cada efectivo y por cada hora. La empresa debe abonar la suma final en la cuenta corriente de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP dentro de los cinco días al mes siguiente del que se brindó el servicio policial. Luego, es la PNP la que realizará el pago a cada guardia. Si trabaja 8 horas por día, entonces recibirá S/ 105.84 por dicha jornada, por ejemplo. El monto mensual es indistinto a los días y horas trabajadas por cada agente. Además, debe contratárseles un seguro en caso de muerte, invalidez o lesiones.

Pero los guardias no son los únicos que se benefician. También lo hace directamente su institución, la PNP. La minera o empresa debe además retribuir S/ 10.54 por cada hora ante los gastos que incurra cada efectivo policial. Principalmente, por uso del uniforme y arma. Antes del 2020 se pagaba S/ 15.35, pero la cifra fue reducida por un informe de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales de la Sub Comandancia General. El dinero debe abonarse a la Policía en el mismo plazo que el de para los agentes.

En el caso concreto de Tía María, un proyecto en conflicto social por cerca de 16 años, Southern pagó S/ 4 millones 173 mil al Mininter por resguardo policial entre febrero del 2021 a mayo del 2025. Quince policías diariamente, de lunes a domingo, incluido feriados, se reparten en dos turnos para vigilar las garitas del campamento y de la carretera Panamericana Sur, además de realizar rondas. Como lo hacía recientemente Flores hasta que falleció.

“No tengo nada que ver con los convenios. Mi función es operacional”, contestó el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides Ponce, consultado por el convenio con Southern. Tampoco le preocupa que un contingente policial provea seguridad a la transnacional mexicana afectando la neutralidad de su institución. “Están de franco”, justificó y cortó la entrevista.

No es el único negocio minero de la transnacional mexicana en Perú con seguridad policial. Southern mantiene vigentes cuatro convenios de cooperación interinstitucional con la PNP desde el 2018. Además de con Tía María, hay acuerdos con la explotación de las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, además de su proyecto Los Chancas en la región Apurímac. La minera empleó entre 53 a 61 policías diariamente para resguardar sus unidades en operación y proyectos en curso. Grupo que bien podría apoyar en hacer frente a la ola de criminalidad que ahoga al país. Más aún porque en diciembre 2024, el Congreso aprobó la Ley N°32197 que contempla que policías de forma voluntaria realicen patrullaje o fiscalización remunerados en sus vacaciones o días de franco por el Estado.

En los últimos siete años, hasta agosto del 2025, la transnacional pagó más de S/ 16 millones por los servicios extraordinarios de los efectivos policiales, según el cálculo a los cuatro convenios y sus respectivas adendas. Se solicitó a la PNP todos los pagos que hizo Southern para mayor precisión, pero la institución negó la información. Cuando culmine la vigencia de cada uno de los convenios, fuera de más ampliaciones, Southern abonará en total S/ 19.6 millones a las cuentas del Ministerio del Interior (Mininter).

El convenio más antiguo es la que se aprobó con la Resolución Ministerial N°0695-2018-IN para Los Chancas, un proyecto de cobre y molibdeno en el que la transnacional ha tenido problemas para llevarlo adelante. La compañía tiene mineros ilegales dentro de su concesión. Se firmó el convenio y tres adendas por 8 años. Southern va pagando S/ 8 millones 025 mil por ellos. En el caso de su mina de cobre Toquepala hay registro de dos adendas que contemplan 6 años de vigencia, desde el 2020 al 2026. El desembolsó es de S/ 3 millones 450 mil. Mientras que por Cuajone se pagó la suma de más de S/ 1 millón 243 mil a julio 2025.   

“Qué pasa si la Policía tiene convenio con una empresa que contamina. ¿A quién hace caso? ¿Al ciudadano que denuncia y que con sus impuestos le paga su sueldo, o a la empresa minera que le paga sus días de franco? Ahí hay un conflicto”, reflexiona Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL). Añade que donde hay conflictos sociales no debería haber convenios, porque se transmite la imagen de una policía parcializada.

El abogado enumera tres detenciones arbitrarias de la Policía, cuando mantenían convenios, para demostrarlo. El del padre Marco Arana, en medio del conflicto por el proyecto Conga de Yanacocha (Buenaventura, Newmont Mining) en Cajamarca durante el 2012; la de la canadiense Jennifer Moore por emitir un documental en Cusco contra las actividades de Hudbay en 2017; y de integrantes de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani por el conflicto de comuneros con Xstrata Tintaya, también en Cusco. Todas las detenciones fueron desestimadas finalmente por un juez. “Estos casos acreditan que hay un problema con la independencia de la Policía en el contexto del conflicto social”, puntualizó.

En el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas del Perú” se identificó 138 convenios firmados entre los años 1995 a 2018. Por ellos, la Policía recibió S/ 45 millones 538 mil entre 2010 y 2018, señala el documento elaborado por IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRigths International.

Las reglas del TC

En abril del 2019, el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Específicamente, contra el DL 1267. Puntualmente el decreto estipula que la PNP puede “atender la seguridad externa de instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales”. Entre varias de las razones que la orden profesional esgrimió está que: se desnaturaliza la función policial, se configura una discriminación económica, el servicio es privatizado al ponerlo al servicio de intereses particulares y que en un contexto de conflicto social se afecta la neutralidad policial al contar con financiamiento corporativo. 

El TC declaró improcedente la demanda en agosto 2020, pero con reglas. Sostuvo que el deber de protección de la PNP no se menoscaba ni hay una discriminación económica, porque no existe reducción de personal al emplearse agentes en franco, vacaciones o en permiso. Tampoco admitió que se desnaturaliza la función policial debido a que los hombres del orden siguen actuando bajo la normativa institucional. Aun así, en sus fundamentos se reconoce que cuando se desatan conflictos sociales se podría desnaturalizar el uso de estos servicios. Y es que, cuando estallan conflictos, es la PNP la encargada de intervenir. Incluso el Tribunal insta a la institución a tomar medidas para evitar alguna eventual parcialización con el beneficiado.

Pero la parte más reveladora es la que establece cuándo la PNP está facultada a firmar un convenio con una minera. El TC argumenta que cuando una empresa acredite desprotección al no conseguir seguridad privada, por lejanía o por no haber empresas de seguridad, recién la institución podrá brindarle cuidado. Finaliza señalando: “… al examinar solicitudes de esta clase de entidades, deben examinar si es que previamente ellas efectuaron todas las diligencias posibles para obtener servicios de protección y resguardo por parte del sector privado. Esto deberá ser acreditado por la entidad que requiere los servicios, las cuales también deberán exponer sobre la existencia de una situación de riesgo concreto”.

Abogados representantes de la CASM, entre ellos Ruiz Molleda, pidieron aclarar este punto y considerar en el fallo como regla para que la PNP las cumpla. Los magistrados consideraron que esto no era necesario por ser parte relevante de la decisión principal. “Se desprende que son criterios que deben ser observados tanto por la PNP como por las entidades solicitantes de la prestación de Servicios Policiales Extraordinarios”, concluyó.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) tiene en su sistema más de 2 000 autorizaciones vigentes para la operación de empresas de seguridad privada, tanto sus sedes principales como sus sucursales regionales y provinciales del país. Solo en la región Arequipa existen 255 permisos para estos privados.

“Hay 900 empresas de seguridad privada que pueden dar ese servicio. Porque tiene que contratarse a la Policía”, cuestionó Ruiz Molleda. Sobre el convenio de Southern y la PNP por su proyecto Tía María, señala que la empresa debe demostrar que intentaron contratar seguridad privada pero que fue rechazado. “¿Tú crees que alguna empresa privada les va a decir que no por esos montos?”, preguntó. Caso contrario, el convenio debería ser anulado.

Liderman y Southern

La empresa contratista que da seguridad al proyecto minero Tía María, es J & V Resguardo SAC, que tiene como nombre comercial Liderman. Southern confirmó esto en el mismo comunicado en que dio a conocer la muerte del suboficial Flores Cahuana. Javier Villarroel Palo, supervisor de la empresa Liderman, fue uno de los heridos en el accidente (Véase cmunicado al inicio de la nota). Él mismo conducía la camioneta que cayó al barranco. No solo el proyecto Tía María tiene resguardo policial sino también privado, pese a que el TC ordenó a la PNP suscribir convenios siempre y cuando la empresa demuestra desamparo en cuanto a seguridad.

J&V Resguardo S.A.C. es una de sus subsidiarias de Azzaro Trading S.A., un holding (gran empresa con la mayoría de acciones de otras empresas) que nació en la Islas Vírgenes Británicas y que se nacionalizó en 2014. Ofrece “vigilancia, guardianía, supervisión y seguridad tanto a las personas como a las instalaciones industriales, comerciales, de bienes muebles e inmuebles” desde 1989. Dicha empresa cuenta con 26 resoluciones emitidas entre el 2023 y 2024 por la Sucamec para brindar estos servicios en sus 20 sucursales a lo largo de todo el país. En Arequipa lo hace mediante la resolución N° 00895-2023/GSSP.

Para el abogado Ruiz Molleda estos convenios deben ser revisados. «Aquí hay un tema de discriminación. Tienes plata, contratas a la Policía. Si no tienes plata, no tienes protección, es más, ese derecho se afecta”, sostuvo.

Tía María, un conflicto latente

La Defensoría del Pueblo, desde el 2009, tiene registrado como conflicto socioambiental la oposición de los pobladores del valle de Tambo (Islay, Arequipa) a la ejecución del proyecto Tía María por temor a daños ambientales. Durante buena parte de ese tiempo, Southern ha mantenido convenios con la Policía. Un año antes del 2011, periodo en que murieron los primeros tres pobladores por disparos de bala, estaba vigente el convenio de diciembre 2010.

“Hay mucha desconfianza con la Policía. Estamos seguros que apoya a la empresa minera Southern”, sostiene Miguel Meza, uno de los voceros del valle de Tambo, una zona agrícola con 14 mil hectáreas de cultivo. La intensidad de sus protestas siempre fue escalada. En 2011 fue así y ni qué decir del 2015. Empezaban con marchas, que se convertían en paros y bloqueos, hasta que la olla de presión estallaba. En ese año, el conflicto costó la vida de seis ciudadanos y un efectivo policial.

El 2025, lo que ocurre parece un calco. Con el anuncio de iniciar la construcción del complejo minero por parte de Oscar González Rocha, director ejecutivo de Southern, los pobladores acataron un paro indefinido entre febrero y marzo. Por la medida, sus dirigentes ya tienen investigaciones fiscales abiertas por bloquear carreteras. “La verdad no me parece neutral (la actitud de la Policía) … Lamentablemente la lucha esta criminalizada, a la Policía no le es difícil hacer un acta y pasarla a la Fiscalía para que nos investiguen”, aseguró Meza.

Por estos días, tanto el gobierno como el propio gobernador Rohel Sánchez ha asegurado que en octubre iniciará la construcción de Tía María. Esto podría reactivar, una vez más, la protesta. Meza finalizó asegurando que no pararán de reclamar con movilizaciones hasta que Southern finalmente se vaya.

DATO

Por la muerte del suboficial, el congresista Jaime Quito Sarmiento presentó un proyecto de ley N° 9272 para modificar el DL N°1267 en octubre del 2024. Busca modificar la norma y que no esté permitido dar servicio policial a empresas dedicadas a la exploración, explotación o de transporte de recursos naturales. Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso la tiene encarpetada desde hace un año. Sobre la propuesta el Ministerio del Interior fue la única entidad en opinar sobre la propuesta de Quito y concluir que no es viable.