Georgina Gamboa acudió a la CIDH en búsqueda de justicia luego de más de 40 años sin obtenerla en el Perú, pese a que narró su testimonio ante la CVR en 2002. Fue acusada de terrorismo, detenida arbitrariamente y abusada sexualmente por hasta siete miembros de la fuerza cuando tenía solo 17 años, resultando embarazada. A pesar de que los responsables nunca enfrentaron la justicia ni accedieron a pruebas como el ADN para determinar la paternidad, Georgina recurrió a la CIDH para solicitar reparación civil para su hija.
El expediente “Gamboa García y otros vs. Perú” ingresó a la Corte Interamericana el 5 de julio de 2023. El Estado presentó su contestación el 12 de febrero de 2024 y los anexos correspondientes hasta el 4 de marzo. El 14 de agosto de 2025, la Corte convocó oficialmente una audiencia pública para este caso, programada para el 24 de septiembre de 2025, como parte del trámite de alegatos y observaciones finales.
El documento del caso señala que el 25 de diciembre de 1980, Gamboa junto con su madre y su hermano de meses fueron convocados por autoridades policiales de Vilcashuamán a presentarse en la estación local. Tiempo después, el 17 de enero de 1981, siete miembros de la Guardia Civil ingresaron violentamente al domicilio de Gamboa y la detuvieron, llevaron a un calabozo, la torturaron y abusaron sexualmente. Algunos agresores habrían amenazado con matar a sus hermanos si ella denunciaba. Al no encontrar pruebas, la investigación inicial fue archivada.
En el expediente se argumenta que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por violar derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez, protección judicial, además de violaciones a tratados como la Convención contra la Tortura y convención Belém do Pará.
Para muchos defensores de derechos humanos, este paso es clave: es la oportunidad para que los representantes del Estado respondan directamente ante jueces de la Corte sobre cómo justificar décadas de impunidad, omisiones en la investigación, y la falta de reparación completa a Georgina Gamboa y su familia.
Así, el expediente “Gamboa García vs. Perú” entra en una fase decisiva: la audiencia pública servirá para exponer pruebas, argumentos de ambas partes ante la Corte, y para que la justicia internacional evalúe si el Estado peruano debe reparar, sancionar y adoptar medidas de no repetición.
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