En la última semana, se ha visto cómo entidades como la JNJ y el Tribunal Constitucional han emitido decisiones que carecen de fundamentos sólidos, en casos que afectan directamente a fiscales incómodos para los sectores políticos más poderosos del país. El caso de Keiko Fujimori y la negativa a reponer a la fiscal Delia Espinoza en su cargo, pese a un mandato judicial, evidencian la intención de ese sector de deshacerse de quienes los investigaron, cueste lo que cueste.
A José Domingo Pérez, Rafael Vela y el equipo especial Lava Jato se les avecina una demanda masiva presentada por el partido Fuerza Popular, amparada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, a Delia Espinoza se le aceleran las denuncias constitucionales impulsadas por congresistas que fueron investigados durante su gestión.
Pese a ello, el fiscal Pérez aún confía en que “se puede hacer justicia constitucional en el país”. A esa esperanza se suma Espinoza, quien afirma que retornará a su cargo porque insiste en que no cometió ninguna falta, solo cumplió con la Constitución.
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