Transportistas se sintieron traicionados luego de que dirigentes, tras reunirse con el ministro del MTC, César Sandoval, minimizaran la protesta e incluso ironizaran diciendo que era mejor “irse a jugar básquet”. Sandoval había asegurado que el 80% de las empresas no acatarían el paro contra la extorsión, pero la realidad fue otra: Lima amaneció semivacía, sin transporte público en varias zonas y con cientos de pasajeros varados.
La presidenta Dina Boluarte se excusó señalando que su gobierno heredó un problema grave de extorsiones acumulado por gestiones anteriores. Pero también defendió que su administración sí está “trabajando” para combatirlo. En su discurso, también minimizó el paro: “en 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”, dijo, e invitó a los dirigentes a dialogar para evitar que la medida perjudique los ingresos de los ciudadanos.
Los transportistas exigen medidas urgentes frente a la ola de extorsiones y asesinatos que golpean al sector. En Lima y Callao, choferes y cobradores son blanco de sicariato: 7 de cada 10 víctimas asesinadas en el transporte público tienen menos de 40 años.
El conflicto también refleja la tensión política entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Mientras Dina Boluarte defiende que el Estado no puede ceder ante la delincuencia, los transportistas advierten que no seguirán con las manos cruzadas si no hay soluciones tangibles.
En paralelo, otros sectores como Salud y el personal CAS han protagonizado movilizaciones frente al Congreso, fortaleciendo un escenario de protesta múltiple. El gobierno de Boluarte insiste que “Perú está en paz”, pero la realidad en las calles se debate entre paros, marchas, represión, exigencia de justicia, y una sensación de abandono frente a la violencia sistemática que azota a todos los peruanos.

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