El Consejo Fiscal está advirtiendo al país que, en solo cinco años, y haciendo uso de la atribución que le dio el Tribunal Constitucional (TC), el Congreso ha aprobado 101 leyes perniciosas para el fisco peruano, en unos casos con la permisividad del Ejecutivo que también dio normas similares. Esto determinaría que, en unos diez años, la deuda del Perú escale al 47%.
El TC, en octubre del 2022, dio un fallo que abrió la puerta para que el Congreso emita leyes con iniciativa de gasto público, en contra de la opinión de exministros de Economía y expertos también del Consejo Fiscal. Y tal como lo previeron, los congresistas legislaron pasando por encima del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y creando dificultades para ajustar el presupuesto. El único que votó en contra fue el magistrado Manuel Monteagudo, quien alertó que la medida podría traer consecuencias “bastantes conocidas”.
En un informe de 50 páginas, el Consejo Fiscal advierte que esta situación no tiene precedentes, ya que, de las 229 leyes que ha aprobado el Congreso con impacto fiscal, 101 leyes son consideradas normas adversas o perniciosas, porque significan un costo al erario nacional de S/35.795 millones.
¿Quiénes tienen responsabilidad sobre la aprobación de leyes que afectan al fisco?
«Este Congreso 2021-2026 ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal, que triplican el promedio de periodos anteriores, ya que, en 15 años, solo se aprobaron, en promedio, 68 leyes de ese tipo cuyos montos no superaban los S/500 millones. Es una escala imposible de manejar en presupuesto. Es realmente inédito», manifestó Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, órgano autónomo que vela por el sostenimiento de las finanzas públicas del país.
«En esta aversión al tesoro público, hay responsabilidades compartidas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Durante el régimen de Dina Boluarte no se utilizó los mecanismos institucionales disponibles para frenar más de 80 leyes con efectos nocivos sobre las finanzas públicas. El Ejecutivo ha dejado de usar todas las herramientas a su disposición para evitar que proyectos técnicamente no recomendables se conviertan en ley», cuestionó Segura.
El Poder Ejecutivo dejó de observar más de la mitad de las normas aprobadas, un 56% de 229 leyes. “Pero no solo no las observó, sino que el Gobierno tampoco tomó las acciones legales ante el Tribunal Constitucional… para impugnar la mayoría de estas normas, pese a su elevado impacto económico…solo tres llevaron al TC en la gestión de Boluarte», advirtió.
¿Qué leyes tienen el mayor costo fiscal?
En su informe, el Consejo Fiscal determina las leyes con mayor impacto sobre las finanzas públicas, cuyo costo total asciende a S/72.962 millones, según estima el MEF. Están vigentes, pero no están incorporadas en el Marco Macroeconómico Multianual. “Son medidas transitorias y recurrentes que, representan costos de una sola vez” (en soles de hoy) o gastos anuales permanentes que presionan las cuentas fiscales», explicó el exministro Segura. Entre estas están:
1. La Ley que autoriza el pago de un bono por preparación de clases a los docentes, con un impacto recurrente de S/40.561 millones, siendo la más dispendiosa.
2. Ley que modifica la distribución del IGV para incrementar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y transfiere más recursos a los municipios, pero reduce los ingresos del Gobierno Central. Esto genera un costo fiscal de S/8.500 millones anuales.
3. La norma que actualiza el bono de reconocimiento para los afiliados a la ONP, con un efecto transitorio estimado en S/6.380 millones.
4. También la «Ley Chlimper 2.0», que permite un régimen tributario preferencial para las grandes agroexportadoras al reducirles la tasa del Impuesto a la Renta al 15% y otorgarle deducciones adicionales por compras a pequeños productores, pese al auspicioso auge que viven. “Esta medida generará una pérdida de recaudación de S/1.170 millones cada año y no tiene un sustento técnico adecuado”, estima el Consejo Fiscal.
Para los economistas, “se trata de una política regresiva que perpetúa privilegios y agrava la desigualdad entre el agroexportador y la agricultura de subsistencia”, estimó Eduardo Zegarra.
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