Tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional, los procesos contra la expresidenta Dina Boluarte deben reactivarse ahora que su mandato terminó. Eso significa que la Fiscalía debe seguir con las investigaciones que tenía en curso y retomar incluso las que el Congreso archivó indebidamente al ser algunas de carácter penal.
Ya lo había explicado también Delia Espinoza, fiscal de la Nación: “las denuncias que le archivó el Congreso no pueden considerarse cosa decidida”. Entre ellas, el caso Rolex, porque “el trámite no respetó el debido proceso y porque los archivos no pueden considerarse definitivos”.
Hay un reporte del Ministerio Público, que refiere que a Boluarte Zegarra se le investiga en más de veinte carpetas fiscales. Estas, tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación como en la Fiscalía para casos de Lavado de Activos. Algunas de estas, la Fiscalía, las envió al Parlamento para su conocimiento, porque así lo exige la ley, pero no debieron ser vistas.
Y mientras el fiscal de la Nación Interino, Tomás Gálvez, afirmó que las tres investigaciones que envió al archivo el Congreso es ‘cosa decidida’, la repuesta fiscal Espinoza Valenzuela asegura que “han sido archivadas de manera irregular, porque no debieron haber sido tramitadas, de esta manera, la del caso Rolex y las dos primeras carpetas de las protestas sociales”.
Las denuncias previas a que Dina Boluarte fuera presidenta
Las tres investigaciones que le sigue el Ministerio Público a Dina Boluarte, antes que asumiera la presidencia están referidas a:
El presunto financiamiento ilegal de partidos políticos y organización criminal que sigue la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, por la que se estaría pidiendo su impedimento de salida del país como medida limitativa en su contra.
La fiscalía también le imputa a Dina Boluarte haber recibido dinero en efectivo a través de transferencias o depósitos bancarios para financiar sus gastos personales o de campaña como candidata presidencial en el 2021. Henry Shimabukuro afirma que le entregó un aproximado de S/800 mil y los empresarios Beltrán Salinas un estimado de S/150 mil.
Luego estaría la denuncia por presunta colusión agravada vinculada al Caso Qali Warma, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se le imputa haberse aprovechado del cargo para concretar la contratación de Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, como proveedor de servicios en este programa de alimentación a los escolares y en el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, pertenecientes a dicha cartera ministerial.
Y también la denuncia por un posible favorecimiento a empresas proveedoras de alimentos para el extinto programa Qali Warma.
Investigaciones como mandataria del país, muertes en protestas y caso “Rolex”
Entre las investigaciones que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso tendrá que reactivar ahora que Dina Boluarte no tiene la inmunidad que le daba la presidencia hay cerca de 20 entre las que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra y que suspendió la orden del Tribunal Constitucional y las que están en estadio preliminar.
La primera investigación fue la que le abrió el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana a Dina Boluarte por las muertes durante de la represión a las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
Y fue una de las que el Congreso mandó al archivo este 11 de septiembre de 2025 cuando la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (APP), sustentó, “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones” ante la Comisión Permanente. del Congreso archivó la denuncia constitucional planteada. Durante la sustentación del informe,
Está además el expediente de la denuncia “por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaraciones juradas, vinculada al Caso Rolex”. A Dina Boluarte se le imputa “haber recibido relojes de alta gama, aretes y brazaletes de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de proporcionarle mayor presupuesto para su región”.
Cirugías estéticas, abandono de funciones y caso “El Cofre”
Otras dos investigaciones abiertas de la exmandataria se dieron tras confirmarse que se realizó cinco procedimientos quirúrgicos -en un inicio se pensó que uno- el 28 de junio del 2023, pero no solicitó licencia al Congreso para ausentarse de sus funciones. Esto motivó que se le investigue “por el presunto delito de abandono del cargo y por presunta falsedad genérica por supuesta falsificación de firmas en resoluciones supremas entre 29 junio y 9 julio 2023 (periodo en el que se recuperaba de la cirugía)”, dice la denuncia.
Fue por los dos cuestionamientos que la Comisión de Fiscalización del Congreso, el 18 de junio de 2025, aprobó un informe final que recomienda la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, argumentando que se ausentó entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin delegar funciones ni informar al Congreso. Estas también tendrán que reactivarse.
Y uno de los últimos casos por el que la fiscalía de la Nación la denunció y que debe reactivar el Parlamento es el denominado caso “El Cofre” donde se le imputa el presunto delito de encubrimiento personal.
Esto porque la exmandataria “habría facilitado la huida del prófugo Vladimir Cerrón Rojas a bordo de este vehículo oficial”, que al no ser susceptible de intervenciones policiales se habría dirigido al condominio Asia del Sur, en el distrito de Asia, provincia de Cañete (Lima), donde se desplegó un control de identidad personal y vehicular por parte de la Policía con la finalidad de ubicar y capturar al referido prófugo.
La desactivación del Eficcop y apoyo a oficial de la Policía
También se le investiga a la expresidenta, por la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), con el presunto objetivo de “neutralizar las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte”.
En este caso sería responsable del posible delito de “encubrimiento personal y abuso de autoridad”. Como se recuerda, uno de los abogados de Boluarte pidió, en junio del 2025, que se anule esta denuncia constitucional, alegando vulneraciones legales, el Poder Judicial rechazó el pedido.
Asimismo, la exjefa de Estado tiene una carpeta fiscal por el supuesto acuerdo con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado.
Sin embargo, el 24 de abril de 2025, la Fiscal de la Nación de entonces, Delia Espinoza, archivó la investigación preliminar contra Boluarte y Benavides por esos hechos al «no existir elementos de prueba suficientes para sostener los cargos». Sin embargo, la titular del Ministerio Público también aclaró entonces que, «este archivo no equivale a una absolución definitiva y que la carpeta fiscal podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas antes de que prescriba la acción penal«.
¿Cómo procederá la Fiscalía de la Nación para tratar las investigaciones de Boluarte?
Para las imputaciones que involucran a Dina Boluarte en hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones se requiere de antejuicio político. Luego, “el Congreso tendrá que levantar la inmunidad que aún le asiste hasta por cinco años”.
En el caso de aquellas conductas presuntamente delictivas que habría cometido antes de llegar al máximo cargo público en el Perú, como por presunto lavado de activos y organización criminal, tendrá que responder como cualquier ciudadano. “Ya sea con alguna medida restrictiva de carácter personal o real”.
Esto porque “se abre un peligro de fuga latente porque podría pedir un asilo político, lo que es una clara muestra de peligro procesal que la Fiscalía Provincial en Delitos de Lavado de Activos podría utilizar como base de una restricción, ya sea de un impedimento de salida del país o una prisión preventiva”, explicó a El Comercio, el abogado penalista Víctor López García.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
