La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprobó una resolución que “alerta sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en el Perú”. Y en la misma también emitió diversas exigencias al Estado peruano para “fortalecer estos imprescindibles derechos”.
En la 81 Asamblea General de la SIP realizada en República Dominicana entre el 16 y el 19 de octubre, los miembros consideraron que el 2025 ha resultado el peor año para la libertad de expresión en el Perú en por lo menos 25 años. Hicieron referencia a los asesinatos de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis como los casos más dramáticos de estas últimas décadas.
“Varios otros periodistas, como Manuel Calloquispe y Gustavo Gorriti, han sido amenazados de muerte o se ha incitado contra su vida”. Y también revisaron que, “el avance acelerado de la minería ilegal y sus nexos con la política suponen cada vez mayor riesgo para periodistas”.
En ese sentido, recordaron que el Poder Ejecutivo, que lideró la expresidenta Dina Boluarte, “se ha vuelto a convertir en la institución estatal que más asedia a la prensa”.
¿En qué casos señalaron al gobierno de Dina Boluarte?
La resolución refiere que, “desde el silencio de la mandataria frente a los medios de comunicación, el rechazo del Ejecutivo a pedidos de información pública, pasando por solicitudes del levantamiento del secreto de las comunicaciones de periodistas y hasta el retorno de Juan José Santiváñez como ministro -el funcionario público que más hostigó a la prensa”.
Alertan sobre que, el Poder Ejecutivo de Boluarte “es el que más limitó el trabajo periodístico desde la caída del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000)”. Y que el Congreso continúa su intento de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos. En general, desde ambos poderes este año se intentó fallidamente controlar contenidos de medios privados mediante ‘franjas informativas’ de supuesto interés público.
Sobre el Ministerio Público, la ley de amnistía y Rafael López Aliaga
Respecto al Ministerio Público, dicen que “continúa abriendo investigaciones contra periodistas y medios de comunicación, incluyéndolos en caprichosas y antojadizas fórmulas como la de organización criminal. Este organismo además insiste en solicitar la revelación de fuentes anónimas de información”.
Además, advierten que, el Ejecutivo y el Congreso aprobaron una ley de amnistía que favorece a quienes perpetraron abusos contra los derechos humanos durante los años del terrorismo (1980-2000), incluyendo a asesinos de periodistas, como Daniel Urresti, quien en 1988 mató al corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos.
Asimismo, hacen ver que, no han cesado los insultos, agravios y amenazas contra periodistas a lo largo y ancho del país por parte de funcionarios públicos, empresarios y presuntos delincuentes. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es uno de los principales acosadores, dicen.
¿Cuáles son los considerandos de la resolución de la SIP?
En las consideraciones de la resolución frente a todo lo descrito, también está el continúo intento del Congreso de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos, como la ley de amnistía que favorece a violadores de los derechos humanos, y la llamada ‘ley mordaza’, que busca ampliar las penas de cárcel y difamación contra periodistas, entre otras iniciativas.
Se refieren también a la Declaración de Chapultepec, cuyo primer principio establece que «no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo».
Recuerdan también que en su sexto artículo sostiene que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.
¿Qué resuelve la 81ª Asamblea General de la SIP?
Lo que los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa concluyen es “instar al Estado a investigar las muertes de los dos periodistas asesinados este año y seguir el debido curso de la justicia. También instar al gobierno a garantizar el acceso a la información pública, cumplir estrictamente la Ley de Transparencia y eliminar trabas burocráticas y prácticas arbitrarias que bloquean solicitudes de información”.
También demandan el cese del hostigamiento y la criminalización del periodismo y rechazan el uso de discursos estigmatizantes para desacreditar a la prensa, así como cualquier intento de mordaza legislativa. Exhortan a detener proyectos de ley restrictivos, así como a respetar la independencia del periodismo, evitando el uso de legislación punitiva para silenciar la crítica, entre otros.
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