Reunidos en el Congreso tanto un representante del Poder Judicial como del Ministerio Público rechazaron el proyecto de Fuerza Popular presentado por Patricia Juárez para que regresen los ‘jueces sin rostro’ como existieron en los años 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Coincidieron en rechazar la medida argumentando que iría en contra de los compromisos aceptados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante una mesa de trabajo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana.
Braulio Andrade, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, y Jorge Chávez, fiscal superior, coincidieron en que la figura de los jueces sin rostro no es la solución. Además, recordaron que esta medida que ya se implementó en el pasado resultó en un fracaso.
La congresista Patricia Juárez justificó su propuesta frente “al incremento de amenazas contra fiscales y jueces por parte de organizaciones criminales”.
Poder Judicial: se afecta el derecho de defensa
Braulio Andrade, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, dijo que la oposición de la institución al retorno de los jueces sin rostro se basa en experiencias pasadas negativas y a la vulneración de derechos fundamentales.
“Con el tema de jueces sin rostro… ya tenemos antecedentes sobre ellos, sobre la constitucionalidad declarada a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel del Tribunal Constitucional propiamente, que no corresponde tener jueces sin rostro como tal, porque justamente se afecta el derecho de defensa (…) El tema de los jueces sin rostro… no estamos de acuerdo, en realidad”, indicó.
Andrade Zubieta sugirió como alternativa centralizar los procesos judiciales en un solo lugar para facilitar y mejorar la protección de los magistrados.
Ministerio Público: sentencias emitidas tuvieron que anularse
Por su parte, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, rechazo la medida recordando que las sentencias emitidas por jueces sin rostro en el pasado las anularon órganos internacionales. Dijo también que la centralización de casos no resolvería el problema de fondo de la delincuencia en el país porque ha alcanzado niveles críticos.
“Bueno, respecto a los jueces de rostro ya tenemos una experiencia, ¿no es cierto? Todas las sentencias se cayeron porque hubo un órgano internacional y actualmente continuamos juzgando a personas a las que sentenciaron jueces sin rostro. Yo creo que no es la salida los jueces sin rostro”, expresó.
Justificación de la congresista Patricia Juárez
La congresista fujimorista Patricia Juárez defendió su propuesta de restablecer la figura de los jueces sin rostro por el incremento de amenazas contra fiscales y jueces por parte de organizaciones criminales. Y recordó que tanto ella como una fiscal de San Juan de Lurigancho han sido amenazadas por organizaciones criminales, lo que evidencia “la vulnerabilidad de quienes enfrentan a estas mafias”.
Como se recuerda Juárez Gallegos, cuando era primera vicepresidenta del Congreso, ya anunció su proyecto de ley, en enero de este año, para reintroducir la figura de los jueces sin rostro, que fue una estrategia controversial que se empleó en la década de 1990 durante el gobierno de Fujimori para proteger la identidad de los magistrados que enfrentaban casos de alta peligrosidad.
Sin embargo, en 1996, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó su abolición inmediata, aunque el Congreso decidió extender su uso por un año más.
Gloria Cano, directora de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh) ante esa primera propuesta a inicios de año dijo que “los ‘jueces sin rostro’ fue una medida adoptada por el fujimorismo en los 90 y de la que Alberto Fujimori tuvo que dar marcha atrás, no solo porque atentaba contra el debido proceso, sino porque llevó a centenares de personas inocentes a prisión”.
Recordó que Fujimori encargó al defensor del Pueblo una comisión ad hoc para revisar los fallos, y nombró al padre Hubert Lanssiers como su representante. “A través de esta comisión, se reconocieron las irregularidades y fallos errados de muchas personas. Además, el Tribunal Constitucional señaló que eran necesarios nuevos juicios para todos los que fueron sometidos a este tipo de tribunales”.
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