Pese a un informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, para otorgar un vehículo a Delia Espinoza, Fiscal de la Nación repuesta por orden judicial, en razón de su seguridad personal, se estaría desconociendo el sustento legal y retirarle esa unidad vehicular.
De acuerdo con el informe emitido por la asesoría jurídica de la misma Fiscalía y conforme a lo que dispone el artículo 13º del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de seguridad y protección a funcionarios/as públicos/as, dignatarios/as y personalidades, se establece que corresponde a la entidad pública brindar la unidad vehicular con su respectivo conductor.
Asimismo, refiere el documento oficial que, según el artículo 19º de la Directiva N.º 010-2012-MP-FN sobre la asignación y uso de vehículos en el Ministerio Público, «respecto a razones de emergencia y excepcionalidad para la asignación y uso de vehículos; Asesoría Jurídica del Ministerio consideró que “debe declararse procedente la solicitud de la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela”, a fin de que se le otorgue un vehículo oficial.
Al respecto explican en el informe que “el concepto de emergencia alude a urgencia, necesidad, alarma o excepción”, resultando aplicable en el presente caso en consideración a las valoraciones desarrolladas en la parte considerativa de la ya referida Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del 30 de setiembre de 2025.
Sub-Gerencia de Transporte también determina que resulta atendible lo solicitado por Delia Espinoza
También determinan que a dicha resolución «deben sumarse hechos sobrevinientes que afectan la seguridad ciudadana, dando lugar a la reciente emisión del Decreto Supremo N.º 124-2025 de la PCM este 21 de octubre de 2025, por el cual se declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
“La procedencia de lo solicitado por la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela se refuerza con el mérito de las conclusiones del informe de la Sub-Gerencia de Transporte, de fecha 23 de octubre de 2025, en el cual se cita los alcances del artículo 19º de la referida Directiva, de forma tal que excepcionalmente resulta atendible lo solicitado”, dice a la letra el informe.
Igualmente, hacen hincapié en que, “si nos proyectamos al ámbito penal, la asignación y uso de vehículos de la entidad encuentra exenciones, encontrando una exención típica en el último párrafo del artículo 388º del Código Penal, de forma tal que el uso estrictamente personal del vehículo asignado se encuentra excluido de tipificación penal”.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
