El conflicto por la autoría del proyecto del Megapuerto Multimodal Corío ha generado controversia en Arequipa. La empresa Euroamerican International Group Arequipa SAC denunció públicamente que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) habría utilizado como propio un expediente técnico elaborado por la compañía hace casi dos décadas, con estudios y planos presentados oficialmente el 31 de agosto de 2006. El reclamo surge a pocos días de la firma de un convenio entre el GRA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ProInversión para ejecutar el proyecto denominado “Gran Megapuerto Multimodal de las Américas”.
Según el presidente del directorio de la firma, Juan Manuel Pereira Medina, el expediente original, compuesto por 121 folios y 19 planos, fue sellado y recepcionado por el GRA durante la gestión de Daniel Vera Ballón. La empresa sostiene que los documentos desaparecieron de los archivos institucionales. Lo que constituye, según su versión, una vulneración a los derechos de autoría y custodia.
La compañía arequipeña afirma que el Gobierno Regional tomó como base su propuesta de 2006 para desarrollar el actual megaproyecto. Pereira Medina recordó que el estudio inicial fue concebido como una iniciativa privada de inversión, con la finalidad de posicionar a Arequipa como eje logístico del sur del Perú y del continente. El expediente contemplaba una inversión proyectada y una extensión territorial de 5.000 hectáreas, que hoy el gobierno regional amplió a 15.000.
El empresario denunció que seis gestiones regionales ignoraron la propuesta y que recién con la inauguración del puerto de Chancay el tema volvió a ser priorizado. En su declaración, señaló que el actual gobernador, Roel Sánchez, habría retomado el proyecto “como propio”, lo que motivó la convocatoria a la conferencia de prensa para informar sobre la supuesta apropiación.
“Este expediente con 121 folios y 19 planos fue entregado al Gobierno Regional de Arequipa en un acto de desprendimiento de los empresarios que elaboramos este proyecto”, afirmó Pereira Medina.
Exigen reconocimiento y anuncian demanda millonaria
En respuesta a los oficios enviados por la empresa, el Gobierno Regional de Arequipa solicitó mayores precisiones, como el número de expediente o cargo de recepción del documento. La compañía presentó como prueba el recibo del pago de S/ 27.600, realizado en 2006 por concepto de derechos administrativos. Sin embargo, según Euroamerican, la Oficina de Inversiones informó que “no existe ningún documento”, situación que consideran una grave irregularidad.
Ante ello, la empresa anunció el inicio de un proceso judicial contra el GRA por mil millones de dólares como reparación civil por el presunto plagio y pérdida de documentación. Pereira indicó que el objetivo no es detener el avance del megaproyecto, sino que se reconozca la autoría del diseño original.
“Vamos a iniciar un proceso judicial donde le vamos a pedir al Gobierno Regional de Arequipa mil millones de dólares por reparación civil. Por no haber custodiado nuestro proyecto. Por haber permitido que lo plagien”, declaró el empresario.
El futuro del proyecto y la intervención de las autoridades portuarias
La empresa informó que pondrá el caso en conocimiento de la Autoridad Portuaria Nacional. A fin de que se evalúe la legalidad de la iniciativa regional antes de otorgar licencias o autorizaciones. Además, señaló que el desarrollo del megapuerto, independientemente del gobernador en funciones, debe cumplir con el reconocimiento a los autores del proyecto original presentado en 2006.
Pereira reiteró que Arequipa necesita el proyecto y que la empresa no pretende obstaculizar las inversiones públicas o privadas, sino únicamente reivindicar su participación histórica.
“Lo único que estamos solicitando es que el Gobierno Regional de Arequipa nos reconozca como autores de la idea, como creadores de este proyecto”, enfatizó.
El Megapuerto Multimodal Corío, rebautizado por el GRA como “Megapuerto de las Américas”, se presenta como una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país. Sin embargo, la disputa por su origen y autoría abre un nuevo capítulo en la relación entre el sector privado y las autoridades regionales.
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