En un movimiento decisivo, la Santa Sede ha nombrado a tres comisionados apostólicos adjuntos para gestionar la supresión definitiva del Sodalicio de Vida Cristiana y sus entidades vinculadas. La medida representa la fase operativa final de un proceso de intervención que busca cerrar una de las crisis más significativas en la historia eclesial reciente de América Latina.
El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, encabeza el grupo de comisionados adjuntos, acompañado por los laicos César Arriaga Pacheco y Juan Velásquez Salazar. Su mandato específico es asistir al comisario principal, monseñor Jordi Bertomeu. Esto, en la ejecución de los decretos de supresión emitidos el pasado enero con la aprobación expresa del papa Francisco.
La designación otorga a este equipo facultades para supervisar todos los actos y procedimientos necesarios relacionados con la disolución de cuatro organizaciones: el Sodalitium Christianae Vitae, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, el Movimiento de Vida Cristiana y las Siervas del Plan de Dios. Esta estructura busca garantizar que el proceso se realice con rigor pastoral y administrativo.
Un legado marcado por el escándalo
La disolución oficial, comunicada el 14 de abril de 2025, culmina un extenso período de investigaciones sobre denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de la organización. El Sodalicio aceptó la medida con «dolor y obediencia». Extendió un pedido de perdón público a las víctimas por los daños causados durante sus 52 años de existencia.
El fundador, Luis Fernando Figari, expulsado en 2024 y actualmente radicado en Roma, enfrenta acusaciones directas que emblemátizan la crisis institucional. Hasta la fecha, la organización ha desembolsado 5.3 millones de dólares en indemnizaciones a 93 víctimas reconocidas, la mayoría hombres que formaron parte de la misma comunidad.
Como parte de su mandato, el arzobispo de Arequipa facilitará que la información oficial sobre los avances del proceso se difunda a través de las plataformas de su arquidiócesis. Esto convierte a la ciudad en un nodo crucial de comunicación durante esta etapa final. Subrayando el papel de la Iglesia local en la resolución de casos de dimensión nacional.
La intervención vaticana refleja una política de tolerancia cero hacia organizaciones religiosas afectadas por graves acusaciones. La supervisión coordinada por monseñor Bertomeu y sus adjuntos, incluido el representante de Arequipa, busca asegurar que la disolución se realice con justicia para las víctimas y cuidado pastoral para los miembros restantes.
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