Samuel Abad cuestionó tanto el fondo como la forma de la denuncia constitucional que buscaba sancionar a cuatro fiscales supremos por defender el control difuso y advertir que las leyes del Congreso recortaban la autonomía del Ministerio Público. El abogado evidenció que, en realidad, los congresistas solo buscan tener la razón y apartar del camino a quienes les resultan incómodos.
Por ello, de los cuatro fiscales supremos denunciados, solo aprobaron el informe contra Delia Espinoza, a quien pretenden inhabilitar por 10 años y denunciar penalmente por abuso de autoridad y prevaricato. Además, exigen que el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, la denuncie ante la Corte Suprema en un plazo máximo de cinco días.
La acusación constitucional es porque habrían emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de que el Congreso aprobó una ley que otorga esa facultad a la Policía. Pese a que la propia congresista Gladyz Echaíz, quien fue fiscal de la Nación, dijo que era inconstitucional esta pretensión y votó en contra en todas las oportunidades, sus colegas votaron a favor, pero solo en el caso de Espinoza Valenzuela.
El caso de la bancada Fuerza Popular fue singular dado que sus integrantes no se aparecieron en las votaciones de Villena, Sánchez o Ávalos, pero sí lo hicieron para votar a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza.
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