Delia Espinoza manifestó su indignación luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara un informe que recomienda su inhabilitación por 10 años, mientras absuelve a los otros fiscales supremos denunciados pese a estar en la misma denuncia. La fiscal suspendida cuestionó que lo ocurrido es un “quiebre del Estado constitucional” y una “dictadura parlamentaria”.
El Congreso decidió votar por separado los informes contra los cuatro fiscales supremos, pese a que todos estaban implicados en los mismos hechos. Según ella, esa separación revela que el objetivo estaba dirigido exclusivamente en su contra. Por su parte, la Comisión Permanente apoyó el informe con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Espinoza calificó la medida como un acto de venganza política por haber presentado denuncias constitucionales contra varios legisladores. Afirmó que “están consumando una venganza política” contra ella por ejercer su labor fiscal con rigor.
El informe no solo recomienda su inhabilitación, sino también la denuncia penal por supuestos delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
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