Hace apenas unas semanas, el Consejo Fiscal encendió las alarmas a nivel nacional: más de 200 leyes aprobadas por nuestro “honorable” Congreso están afectando seriamente las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo, advirtiendo sobre las consecuencias que esto traerá para la sostenibilidad fiscal del país. Ante semejante panorama, el Gobierno no tuvo más remedio que emitir un decreto de urgencia para implementar medidas de austeridad e intentar evitar que el país termine directo en la quiebra.
El decreto establece tres puntos centrales: agilizar la aprobación de transferencias financieras, reducir el gasto no esencial —adiós a la publicidad, consultorías, viajes y eventos—, y priorizar únicamente las inversiones que ya cuentan con respaldo técnico, dejando el resto en pausa indefinida. Además, el MEF podrá redirigir los recursos ahorrados hacia la Reserva de Contingencia, lo que le daría al Ejecutivo un poco más de margen para atender emergencias sin desbordar las metas fiscales.
Según cálculos del propio MEF, el ahorro rondaría los S/ 1,200 millones, una cifra que suena grande, pero se queda corta frente al agujero que han dejado las leyes aprobadas por el Congreso. Mientras tanto, los legisladores siguen en campaña permanente, aprobando incrementos salariales y beneficios para distintos grupos del Estado que si bien constituye un derecho hacerlo deliberadamente, ha significado el inicio de esta crisis.
En resumen: ellos gastan, el Ejecutivo ajusta… y el país paga la cuenta.
Reinfo al caballazo: Somos Perú retira de comisión de Energía y Minas a congresista que se oponía a ampliación del registro
El lobby de los mineros ilegales es cada vez más descarado en el Congreso. La batalla se libra voto a voto en la comisión de Energía y Minas, donde el predictamen a favor de una prórroga del Reinfo lleva semanas entrampada.
Sin los números suficientes, algunas bancadas han comenzado a quitar de en medio a los pocos legisladores cuerdos que cuestionan al Reinfo. El enroque de la vergüenza fue obra y gracias del partido de gobierno Somos Perú.
El último miércoles esa bancada retiró al parlamentario Jorge Morante de la comisión de Energía y Minas, donde era opositor a la ampliación. Los somistas dejaron que el infame José Arriola, señalado como mochasueldos, tome el lugar de Morante. En medio del alcahuetismo congresal, José Jerí sigue sin decir palabra. Silencio cómplice el del presidente.
Especialista aclara que no se puede dar asilo a personas juzgadas por delitos comunes, según la Convención de Caracas
Parece que Betssy Chávez, la exprimera ministra, ha iniciado los trámites para una mudanza express a México, quien amablemente le ha ofrecido asilo político. Sin embargo, se encuentra en un incómodo impasse a la espera de que el gobierno peruano le firme el salvoconducto, un permiso de viaje que el presidente José Jerí ha dejado claro que no es automático. Todo esto, por supuesto, sin olvidar el pequeño detalle de que la señora Chávez está procesada por su rol en el intento de golpe de Estado de 2022.
Los expertos legales, como Óscar Schiappa-Pietra, acuden a la Convención de Caracas de 1954 para aclarar el enredo: mientras México puede considerar sus motivos, el documento es claro en que no se debe conceder asilo a quien está procesada por delitos comunes: “Claramente señala que no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos”.
Así, el caso se ha convertido en un partido de tenis diplomático, donde la pelota es la expremier y las raquetas, los artículos de un tratado internacional que todos citan, pero pocos parecen leer completo.
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