La prórroga del REINFO, que aún debe ser votada en el Pleno, podría perpetuar la informalidad minera, permitir el regreso de más de 50 mil registros excluidos y limitar la fiscalización, generando un escenario de “carta blanca” para operar sin controles, según algunos especialistas.
Además, existen riesgos ambientales graves: afectación de áreas naturales protegidas, invasión de zonas arqueológicas y un choque directo con el deber constitucional de proteger el ambiente. El Gobierno ya adelantó que, si el Congreso insiste en aprobar la extensión del REINFO, acudirá al Tribunal Constitucional.
¿Se trata de una medida necesaria o un retroceso monumental? Aquí te explicamos todo.
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