La concesión de beneficio, Tía María, es una de las zonas mineras más resguardadas del país. Sus 5 mil 678 hectáreas, asentadas en el distrito Cocachacra, provincia arequipeña de Islay, no solo cuenta con un pelotón de seguridad privada, sino también con una veintena de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La PNP, junto al Ministerio del Interior (MINITER), decidieron meses atrás ampliar el convenio con Southern Perú Copper Corporation y seguir cuidando su proyecto minero que busca explotar cobre.
Antes de dejar la Comandancia General de la PNP, obligado por una decisión judicial de suspensión preventiva por posibles actos de corrupción, el general PNP Víctor Zanabria Angulo firmó la renovación del acuerdo con la transnacional. El 20 de mayo del 2025, el oficial colocó su rúbrica en el documento al lado de la de Óscar González Rocha, el directivo mayor de la minera en Perú.
Es la segunda adenda al convenio de cooperación institucional que suscribe la PNP, y que prorroga por dos años más los servicios policiales extraordinarios en Tía María; es decir, hasta el 20 de mayo del 2027. El convenio entre ambas instituciones inició hace más de 4 años, con la publicación de la Resolución Ministerial N°0087-2021-IN de febrero del 2021 y por un lapso de dos años. Luego se aprobó una primera adenda que ya venció en mayo del 2025. Los agentes en vacaciones, franco o permiso, pueden realizar esta labor remunerada.
La decisión se tomó con un conflicto social en medio. La oposición de pobladores del valle de Tambo, zona agrícola, al proyecto, por miedo a daños ambientales, sigue siendo considerado activo por la Defensoría del Pueblo. Y podría escalar. El Ministerio de Energía y Minas otorgó el permiso para que Southern inicie la explotación de los yacimientos. En respuesta, defensores del valle interpusieron una medida cautelar ante el Juzgado Constitucional de la Corte de Lima para suspender la autorización.
Los preparativos
Los trámites de la renovación del servicio policial empezaron con la carta del 14 de marzo que Guillermo Fajardo Ccama, gerente de Asuntos Internos de Southern, envió a Zanabria Angulo con la intención de continuar recibiendo los servicios policiales. Un punto resaltante es que pidió incrementar los efectivos asignados de 15 a 20 “por encontrarse el proyecto en etapa de construcción”.
Las negociaciones empezaron una semana después en las oficinas del MININTER. Se reunieron Fajardo y el jefe del Departamento de Convenios de la PNP, Alcides Coronado Pietro. Para declarar viable la negociación era necesaria la opinión de la Región Policial Arequipa, que tiene actualmente como jefe al general PNP Olger Benavides Ponce de León.
La Región Policial Arequipa contestó con el informe técnico N°24-2025. El documento concluyó que es “factible y viable” la propuesta de Southern. En el razonamiento institucional hay una “incidencia delictiva latente” en los distritos aledaños al terreno de la concesión “por actividad comercial y densidad poblacional”. Pero no incluyó información estadística para sustentarlo. Tampoco existe un análisis del conflicto social por la oposición de pobladores del valle de Tambo.
Más bien, esta dependencia policial destaca el beneficio institucional que obtendrán. Por ejemplo, que elevarán su imagen para con los trabajadores de la minera, que se reducirán los niveles de inseguridad en la zona y que se mejorará los ingresos económicos de los agentes para cubrir sus necesidades personales y familiares.
Pero no solo mejorará los ingresos de los guardias, la PNP también sacará una ganancia con la prórroga. Su Departamento de Convenios formuló un cálculo del monto que la empresa les depositaría. Por los 20 efectivos diarios que cuidarán su concesión en dos turnos por dos años, incluidos feriados y domingos, estimó que facturarán S/ 3,563,700.
Los montos considerados para el cálculo fueron: los S/13.23 por hora a cada agente, los S/ 10.54 por hora la logística policial, los que pernoctarán diariamente en el campamento (4 horas) y una hora adicional al jefe de grupo. Solo por resguardar Tía María, la PNP ya venía percibiendo más de S/ 4 millones (entre 2021-2015). Mientras que por otras unidades de Southern, como Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna) y Los Chancas (Apurímac) más de S/ 15 millones aproximadamente.
“Si sumamos estos convenios, tenemos una fuerte cantidad de efectivos policiales que están más dedicados a esa labor, a resguardar a una entidad privada, dejando de lado el papel que deben cumplir por la ciudadanía”, cuestionó el congresista arequipeño Jaime Quito. El legislador subrayó estar en contra de los alcances de estos acuerdos.
¿Tía María en desamparo?
Para que se pudiera ampliar el convenio, la PNP también debía cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia N°00009-2019-PI/TC. Pero le sacó la vuelta. Este fallo dispuso restricciones para que la Policía las tenga en cuenta. Una trascendental es que la minera acredite que no pudo contratar servicios de seguridad privada. Y además, que la institución policial examine si realmente realizaron todo trámite posible.
Sin embargo, la Policía consideró a la concesión de Tía María en desamparo, a pesar de que J&V Resguardo SAC, que tiene como nombre comercial Liderman, presta servicios de seguridad al proyecto minero desde tiempo atrás. Incluso, la Región Policial Arequipa detalló, en abril último, que 67 hombres de Liderman resguardaban los terrenos ubicados a un lado de la Panamericana Sur.
Si Tía María cuenta con un seervicio de seguridad privado, ¿cómo es que la PNP la consideró en desamparo? Liderman, en carta enviada a Southern el 26 de marzo, informó que por disposición de la Ley de Servicios de Seguridad Privada (N°28879) no puede brindar seguridad externa, sino solo al interior de las instalaciones. Una interpretación antojadiza del artículo 11 del reglamento que indica que la seguridad privada “se circunscribe al perímetro o ámbito interno del lugar donde se realiza el servicio”.
Con esa jugada, tanto el Departamento de Convenios de la PNP como la Oficina General de Asesoría Jurídica del MININTER, consideraron que Tía María está desamparada en la zona externa de sus instalaciones y que se cumple con lo dispuesto por el TC. La sentencia no hace ninguna diferenciación entre desprotección interna o externa en minas, por lo que la maniobra utilizada va en contra del mismo fallo.
Análisis. Dependencias de la PNP y Mininter consideran a Tía María en desamparo pese a contar con empresa de seguridad.
Más bien, en su punto 111 indica claramente: “solo cuando, de manera evidente, se acredite que no sea posible obtener servicios de resguardo por parte del sector privado, se encontrará facultada la Policía Nacional del Perú de poder brindar, de manera excepcional, los ‘Servicios Policiales Extraordinarios’, y ello con la exclusiva finalidad de no generar una situación de desamparo”. Situación que, claramente, no se ajusta al de Tía María.
El congresista Quito advirtió que la PNP está perdiendo neutralidad, sobre todo en situaciones de conflicto social con la firma de estos convenios. “Cuando hay conflictos sociales, como lo que pasó en el valle de Tambo, vimos a decenas de policías enfrentándose a la población. Pero cuando la población requiere del servicio de seguridad, ponen como excusa que no hay efectivos”, declaró.
La imagen de la Policía se ha venido desmoronando por años. Este 2025 alcanzó su peor descalabro, con solo 14% de la población confiando en la institución, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La dura represión de protestas en el país es una de las causas. La manera en que suscribió este convenio con Southern podría empeorarla.
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