Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros escucharon durante casi ocho horas el adelanto del fallo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el propio exmandatario, tenía claro que la sentencia “ya se conocía”, pues él sostenía que no había delito al no existir un alzamiento armado, pero igual «el pacto» iba a buscar encarcelarlo; finalmente, el tribunal resolvió condenarlos por conspiración para rebelión.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú determinó que Castillo recibirá 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, la misma pena aplicada a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta.
En cuanto a Aníbal Torres, recibió una condena reducida: 6 años y 8 meses de cárcel, aunque la ejecución está provisionalmente suspendida ante una eventual apelación. En el caso de Betssy Chávez, se ordenó su captura inmediata. Ella permanece en la embajada de México mientras espera un asilo político.
Además de la pena privativa, el fallo contempla una reparación civil solidaria de 12 millones de soles a pagar por Castillo, Chávez, Torres y Huerta, por los daños ocasionados al Estado.
Se absolvió a Castillo de los cargos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, el tribunal consideró que si bien hubo intento de subvertir el orden constitucional, nunca hubo violencia armada como exige la tipificación de rebelión.
La condena, considerada por varios penalistas como histórica, marca un hito: es la primera vez en la historia democrática reciente que un expresidente es hallado culpable por conspiración tras un intento de golpe de Estado.
Aunque Castillo intentó desligar a sus exministros en su alegato final, asegurando que la decisión fue exclusivamente suya, el tribunal determinó que existió coordinación para planear el quiebre institucional, por lo que impuso las penas correspondientes.
Al finalizar la audiencia, Castillo alzó el puño en señal de agradecimiento a sus seguidores, quienes protestaron en los exteriores del penal de Barbadillo exigiendo su liberación. Con este fallo, Pedro Castillo y Aníbal Torres quedan fuera de las elecciones 2026, donde Juntos por el Perú buscaba llevarlos al Senado.
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