Humberto Abanto y César Nakazaki formaron parte de la defensa cerrada del Congreso, asegurando que no existe ninguna ley que favorezca la criminalidad. Elogiaron al Parlamento por, según ellos, “resolver constitucionalmente” normas en el ámbito penal que solo buscaban perseguir indefinidamente a enemigos políticos.
Ambos defendieron cada una de las leyes cuestionadas, incluida la amnistía otorgada a militares y la prescripción de delitos. Nakazaki incluso afirmó: “Si un policía mata, mientras esté justificado, es lícito”.
En otro momento, Humberto Abanto calificó a quienes modificaron el nuevo Código Procesal Penal en 2004 como un grupo de “Pithecanthropus” que terminó causando una verdadera “monstruosidad”. Por eso agradeció al Congreso por “atreverse” a corregir esos errores en materia penal, aunque –según él– ese mismo grupo de “Pithecanthropus que come caviar” ahora califique estas normas como leyes pro-crimen.
El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, también negó que el Legislativo haya aprobado normas que favorezcan a la delincuencia o al crimen organizado, y afirmó que existe una campaña contra el Parlamento impulsada por intereses políticos. Según Rospigliosi, el Congreso ha aprobado diversas leyes orientadas a combatir el crimen, la delincuencia y proteger a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Entre ellas mencionó normas que permiten que policías y militares hagan uso de sus armas conforme a la Constitución y la ley, evitando prisión preventiva en algunos casos en que un agente enfrenta a un delincuente y lo hiere o lo abate.
Rospigliosi también destacó que algunas de estas leyes han sido declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional, que rechazó impugnaciones contra ellas, y que su objetivo es corregir situaciones que anteriormente llevaron a la persecución de agentes por hechos ocurridos décadas atrás.
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