En la última edición del diario oficial El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó la implementación de la mejora remunerativa dirigida a los empleados del aparato estatal. A través de un decreto supremo, el Gobierno ha establecido las condiciones, montos y el universo de beneficiarios que verán reflejado este incremento salarial en sus depósitos mensuales a partir del inicio del ciclo fiscal 2026.
¿A quiénes beneficia la medida?
La norma legal precisa que el ajuste económico alcanza a una amplia variedad de modalidades contractuales dentro de la administración pública. Entre los principales grupos favorecidos se encuentran:
- Regímenes generales: Personal bajo los decretos legislativos 276 (carrera administrativa), 728 (actividad privada en el sector público) y el régimen CAS (1057).
- Sectores específicos: También se incluyen escalas propias de la carrera diplomática, el servicio penitenciario y regímenes especiales de salud y educación.
Montos y aplicación del beneficio
De acuerdo con lo estipulado por la cartera que dirige el MEF, el incremento se ha fijado en una cifra de S/ 100 mensuales. Es importante recalcar que este monto tiene carácter remunerativo, lo que significa que servirá como base para el cálculo de otros beneficios sociales y estará sujeto a los descuentos de ley correspondientes (pensiones e impuestos).
Para que un trabajador sea considerado en este tramo de aumento, la norma exige el cumplimiento de requisitos estrictos:
- Vínculo vigente: El empleado debe mantener una relación laboral activa con su entidad al momento de la publicación del decreto.
- Registro formal: Es obligatorio que el beneficiario figure en el Aplicativo Informático para el Registro de la Planilla Única de Pago del Sector Público (AIRHSP).
Fruto de la negociación colectiva
Este reajuste no es una decisión aislada, sino que responde a los compromisos asumidos por el Estado durante las mesas de negociación colectiva centralizada. En dichas reuniones, representantes de las mayores centrales sindicales de trabajadores públicos y el Ejecutivo acordaron esta actualización para mitigar el impacto de la inflación y mejorar la capacidad adquisitiva de los servidores estatales.
El financiamiento de este aumento provendrá de los recursos asignados a cada pliego presupuestario de las instituciones públicas, por lo que no requerirá partidas adicionales fuera de lo ya proyectado en el Presupuesto General de la República para el próximo año.
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