La investigación fiscal contra el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, avanza tras la denuncia por presunta discriminación e incitación a la discriminación presentada por Edson Solórzano, ex presidente del Club Departamental de Puno. El caso se originó luego de que el municipio limitara la participación de danzas de puneñas en las celebraciones de agosto, decisión que generó tensiones entre residentes altiplánicos y autoridades locales. La Fiscalía viene recopilando documentos y declaraciones para precisar si hubo una vulneración de derechos vinculada a la organización del Corso.
Restricción de agrupaciones altiplánicas en Arequipa
Edson Solórzano recordó que la molestia se generó cuando la Municipalidad Provincial de Arequipa restringió la participación de danzas como morenadas, tobas, caporales y salay. Según su declaración, el municipio comunicó mediante canales oficiales que se limitaría la presencia de delegaciones puneñas, lo que provocó reclamos entre los residentes que practican estas expresiones culturales en la ciudad. Afirmó que esta decisión fue adoptada sin un mecanismo de selección claro ni un criterio técnico que justificara la exclusión.
Solórzano también mencionó antecedentes similares, como una denuncia previa contra Alfredo Zegarra relacionada con la diferenciación de cobros entre agrupaciones locales y de otras regiones. En el caso actual, señaló que el municipio solo realizó una evaluación para caporales en la vía 54 de Cerro Colorado, sin considerar a los demás géneros que también tienen presencia activa en Arequipa. Esto, sostuvo, configuró una limitación arbitraria que dio pie a la denuncia penal.
Avances de la investigación fiscal en Arequipa
Durante la primera diligencia, Solórzano indicó que las citaciones previas no llegaron en los plazos establecidos, por lo que recién se está atendiendo la entrega de documentos y su declaración formal. Explicó que la Fiscalía evalúa comunicaciones difundidas por la municipalidad sobre la organización del Corso y revisa el reglamento en el que se establece la prohibición de determinadas danzas, entre ellas morenadas, tinkus, caporales, tobas, diabladas y salay. Según sus palabras, esta norma interna es un elemento clave que sustenta la denuncia.
Agregó que el Ministerio de Cultura, desde Lima, participa como veedor del proceso, debido al impacto cultural de las restricciones aplicadas en Arequipa. Señaló que la investigación preliminar busca determinar si la decisión municipal vulneró derechos colectivos de los residentes altiplánicos que participan desde hace décadas en las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Asimismo, mencionó que otros representantes acudirán en los próximos días a brindar sus testimonios.
La continuidad del proceso es observada con expectativa, pues de hallarse responsabilidad en el caso de Arequipa, podría sentar un precedente para futuras gestiones municipales en la organización del Corso. Solórzano afirmó que respetará la decisión fiscal, sea cual sea el resultado, pero insistió en que la celebración debe reconocer la diversidad cultural de quienes viven en la ciudad. A la espera de las conclusiones, el debate sobre la participación de danzas altiplánicas sigue abierto en medio de posiciones divididas y llamados a una organización más ordenada y transparente.
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