La comisión Permanente del Congreso aprobó una segunda inhabilitación contra Delia Espinoza. Los congresistas manifestaron su profundo malestar con la fiscal suspendida por sus expresiones, que calificaron de políticas y no jurídicas. Ahora la denuncia debe pasar al pleno para su aprobación final.
La acusación contra Espinoza se basa en que, en su calidad de fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que aprobaron la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vulnerando, según los legisladores, principios del ejercicio público y la Constitución.
El informe final aprobado por la Comisión Permanente fue respaldado por 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, y ahora será elevado al Pleno del Congreso para que se debata y se decida si se confirma la inhabilitación. Espinoza y su defensa han denunciado que el proceso tiene un carácter más político que jurídico, alegando que lo que se busca es castigarla por investigar y fiscalizar a los parlamentarios. Ella ha afirmado que cumplir con su deber de fiscalizar no puede ser motivo de sanción y que el debido proceso no se ha respetado.
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