El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) inició un proceso de revisión extraordinaria a la Defensoría del Pueblo, tras advertir posibles afectaciones a su independencia, falta de transparencia y ausencia de respuesta frente a denuncias enviadas por la CNDDHH.
Este mecanismo fue activado por el propio silencio absoluto del despacho del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez quien no presentó descargos ni información solicitada, tras meses de habérsele solicitado, generando “preocupación internacional sobre la capacidad del organismo para actuar con autonomía”.
Esta revisión especial sobre la Defensoría -mecanismo reservado para casos graves- se da luego de recibir denuncias de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sobre “presuntos retrocesos institucionales”. Además, porque el defensor Gutiérrez Cóndor evitó responder a los requerimientos del organismo internacional.
La GANHRI fundamentó la revisión en dos factores: “la gravedad de las denuncias presentadas por la sociedad civil y el silencio absoluto de la Defensoría del Pueblo frente a los pedidos formales de información”. La oficina de Josué Gutiérrez no respondió a ninguno de los correos enviados por el SCA desde septiembre de 2025, lo que elevó la preocupación sobre su comportamiento institucional.
¿Qué denunció la CNDDHH?
De acuerdo con lo informado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en sus comunicaciones se detallaron las presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo del Perú, incluyendo las restricciones que se ha puesto para acceder a archivos históricos, “decisiones cuestionadas en la gestión interna y un clima institucional deteriorado”.
El pasado 1 de septiembre de 2025, la Secretaría del SCA recibió información de terceros procedente de la CNDDHH del Perú. Se evaluó esa documentación, verificando la falta absoluta de respuesta de la entidad. Se concluyó que era necesario iniciar una revisión especial. Procedimiento excepcional, que solo se activa cuando se considera que una institución nacional de derechos humanos podría estar incumpliendo los Principios de París.
En este caso, la preocupación internacional se centra en la aparente falta de independencia del defensor Josué Gutiérrez, la débil actuación frente a denuncias de violaciones de derechos humanos y la posible interferencia política en decisiones claves del organismo.
Este examen internacional se realizará en 2026 y determinará si la Defensoría del Pueblo mantiene la categoría A. Este estatus le permite participar activamente en instancias de Naciones Unidas. “Perder esa clasificación afectaría su representatividad y enviaría una señal de retroceso institucional en el Perú, en un contexto marcado por tensiones políticas y denuncias de vulneración de derechos”.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
