Delia Espinoza y su defensa enfrentaron por segunda vez al Congreso en una nueva denuncia constitucional en su contra, que busca inhabilitarla por otros 10 años. Esta vez, por haber abierto una carpeta fiscal contra los congresistas que aprobaron la doble remuneración: sueldo como parlamentarios y pensión como exmilitares.
A pesar de los fundamentos jurídicos que sustentan la investigación, los congresistas de la Comisión Permanente cuestionaron la forma en la que Espinoza se dirige hacia ellos. “Nos ataca sistemáticamente”, insistieron durante la sesión.
Por su parte, Espinoza respondió que ella no es responsable de que los parlamentarios incurran en presuntos delitos que deben ser fiscalizados. Señaló que su función es investigar cuando existen indicios razonables, sin distinción de cargos ni privilegios.
La defensa de la fiscal suspendida remarcó que esta denuncia pudo haberse resuelto en los fueros congresales. Sin embargo, sostuvo que, para evitar evidenciar que los congresistas se protegen entre ellos, han optado por volcar sus ataques contra quien, según indicaron, solo cumple con su labor constitucional de fiscalización.
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