Jaime Quito, congresista por Arequipa, reitero su rechazo a la administración de Sedapar tras la firma del octavo convenio marco con la minera Cerro Verde. Según explica el legislador, la gerente general, el directorio y el presidente de la junta de accionistas aceptaron condiciones que perjudican de forma directa a los ciudadanos de Arequipa. El parlamentario sostiene que las autoridades actuales actúan más como representantes de la empresa minera que como servidores públicos encargados de proteger el recurso hídrico. Por ello, propone que, dado que ya existen ocho modificaciones previas, es necesario redactar un noveno convenio que realmente priorice el bienestar de la población local y corrija los errores de la gestión vigente.
La crítica principal se enfoca en la enorme diferencia de ingresos que este pacto genera para la región. Mientras que el convenio asegura un pago de 117 millones de dólares hasta el año 2060, Quito sostiene que el monto real debería rondar los 4,000 millones de dólares si se considera el incremento en el volumen de agua que la minera consume. Además, el congresista advierte que la empresa de saneamiento intenta confundir a la opinión pública al incluir las obras por impuestos, valoradas en 510 millones de dólares, como si fueran parte de la retribución directa por el agua. En su visión, estos proyectos son mecanismos de inversión distintos y no compensan el valor real del recurso que se entrega para las operaciones extractivas.
Otro punto de conflicto es la desaparición de cláusulas que antes protegían la rentabilidad del servicio. El acuerdo original del año 2011 establecía la necesidad de fijar un precio por el uso del agua, pero en esta última versión los funcionarios borraron ese artículo específico. Esto sucede a pesar de que desde el año 2016 existe un marco legal claro que permitiría cobrar por la comercialización del agua. Cálculos técnicos indican que, si se aplicara una tarifa de 3.36 dólares por metro cúbico, la minera Cerro Verde mantendría una deuda pendiente con la ciudad incluso después de cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento. Sin embargo, la gerencia actual ha preferido omitir este cobro, dejando a la entidad sin ingresos vitales para su desarrollo.
Acciones legales y exigencia de responsabilidades administrativas
Ante lo que describe como irregularidades y vicios administrativos, Jaime Quito ha solicitado al Congreso de la República la creación de una comisión investigadora multipartidaria. Esta instancia tendría la tarea de revisar de forma minuciosa todos los acuerdos firmados desde el 2011 hasta hoy para determinar responsabilidades políticas y técnicas. Paralelamente, el legislador exige que la Contraloría General de la República intervenga con una auditoría profunda sobre los montos manejados en estos contratos y las decisiones de los funcionarios involucrados. Quito insiste en que el actual presidente del directorio debe anular el convenio, pero ante la falta de voluntad detectada, ha solicitado formalmente su renuncia inmediata y la de toda la plana gerencial.
La presión también recae sobre el presidente de la junta de accionistas, quien es la autoridad responsable de aceptar estas dimisiones. El congresista cuestiona que este funcionario haya respaldado el acuerdo motivado por la promesa de recibir pequeñas obras para su distrito, sin considerar el impacto económico negativo a largo plazo para toda la provincia de Arequipa. Al hacer público este pedido de renuncia y de anulación del convenio, Quito busca que el proceso de gestión del agua sea transparente y que se reconozca que la dirección actual no tiene la capacidad para administrar un activo tan crítico como la planta de tratamiento.
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