Sedapar sostiene que el convenio firmado con la minera Cerro Verde impide que los usuarios de Arequipa paguen un excedente de 20 a 25 soles en sus recibos mensuales. Este monto corresponde al costo del tratamiento de aguas servidas que, de no existir el acuerdo, la población tendría que asumir directamente. Así lo explicó Yanet Montoya, gerente de la empresa de saneamiento.
La empresa de saneamiento indicó que la negociación ocurrió bajo la premisa de que Cerro Verde requiere agua para sus operaciones y que la desalinización representa para ellos un gasto de entre 3.10 y 3.36 dólares por metro cúbico. Según los cálculos técnicos presentados, la inversión que realiza la minera actualmente resulta más rentable frente a la alternativa de desalinizar, lo que permitió a Sedapar establecer condiciones de contraprestación.
La gerencia de Sedapar señaló que si la minera optara por desalinizar el agua por cuenta propia, el costo subiría a 3.46 dólares por metro cúbico. El convenio busca cubrir una equivalencia de deuda que alcanza los 2,163 millones de soles mediante la ejecución de infraestructura hídrica y obras de infraestructura en la ciudad.
Los funcionarios explicaron que la firma del documento respondió a conversaciones iniciadas en el año 2022. El proceso de negociación involucró a especialistas de la cooperación alemana y equipos técnicos que validaron los términos finales antes de la suscripción. La empresa asegura que el acuerdo se basa en prestaciones recíprocas que benefician a la ciudad.
Plazos de ejecución y obras de gestión de riesgos
Los plazos de ejecución en la administración pública motivaron la decisión de encargar las obras a la minera. Sedapar argumentó que la ley de contrataciones del Estado exige etapas de preinversión y selección que tardan años en concretarse.
Un proyecto que en el sector público requiere más de dos años para iniciar su etapa de inversión, la empresa privada lo ejecuta de manera directa tras la firma del contrato. Por ello, el convenio establece que Cerro Verde inicie cuatro obras de gestión de riesgos de forma inmediata para proteger el sistema de agua potable durante las temporadas de lluvias.
Las intervenciones priorizadas incluyen un vaso regulador en la planta Miguel de la Cuba con capacidad para almacenar agua cruda por dos días ante posibles contingencias o roturas. También construirán una línea de redundancia en el punto de captación de Charcani V con una inversión aproximada de entre 4 y 5 millones de dólares. Este proyecto busca evitar la suspensión del servicio cuando el río incrementa su turbidez o arrastra sedimentos.
El plan contempla además protecciones en el puente Cincel y mejoras en la línea de conducción para reducir la vulnerabilidad del sistema. La empresa enviará un oficio para que la minera inicie estos trabajos en un plazo estimado de cuatro meses.
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