Durante la presentación de la Hoja de Ruta 2026–2031 de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, plan de propuestas presentado en Mollendo por la UNSA, la UCSM y la UCSP, como parte de una iniciativa académica orientada a ofrecer lineamientos técnicos a las futuras autoridades que serán elegidas en 2026, se propuso la reactivación del proyecto minero Tía María, al considerar su aporte a la generación de empleo y al movimiento económico regional. Según explicó José Suárez, docente de la Universidad Católica de Santa María y miembro del equipo elaborador, la academia respalda el desarrollo de proyectos productivos siempre que se ajusten a los marcos normativos y ambientales establecidos por el Estado.
Sin embargo, dicho proyecto minero mantiene un frente judicial activo y una polémica constante. Recientemente, en marzo de 2025, pobladores del Valle de Tambo interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, cuestionando presuntas irregularidades en su autorización. Entre los principales argumentos figura la falta de una autorización específica para el uso de agua, así como posibles riesgos ambientales asociados a la planta desalinizadora y a la zona de las Lomas de Cachendo, considerada un área de fragilidad ecológica.
El Primer Juzgado Civil de Islay declaró improcedente la demanda en julio de 2025. Sin embargo, el proceso sigue vigente, ya que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa programó para el 18 de marzo de 2026 la audiencia de apelación. En esa sesión, los demandantes volverán a sustentar sus cuestionamientos, incluidos los relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 y la presunta falta de participación de entidades como Serfor y Sernanp.
Falta de seguimiento a propuestas académicas
Desde el equipo elaborador de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, se reconoció que no se realizó un seguimiento sistemático para verificar si las autoridades incorporaron las recomendaciones formuladas en ediciones anteriores. La iniciativa académica, que funciona desde hace aproximadamente 20 años, ha presentado hojas de ruta similares en el pasado, sin contar con un mecanismo que evalúe su impacto en las decisiones de gestión pública.
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