La Contraloría General de la República detectó un perjuicio en obra educativa por S/ 815 mil 088 en la recuperación del colegio San Martín de Porres (CIRCA), ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa. El daño patrimonial se identificó tras una auditoría a la ejecución del proyecto entre los años 2020 y 2024.
Según el Informe de Auditoría N.° 010-2025-2-04602-AC, la obra tuvo un costo total de S/ 15 millones 710 mil 117,72 y fue adjudicada al Consorcio San Martín. El proyecto buscaba reemplazar infraestructura precaria por pabellones de material noble. Sin embargo, la Contraloría concluyó que varias decisiones administrativas favorecieron al contratista y afectaron los recursos públicos.
Además, la auditoría reveló ampliaciones de plazo sin sustento técnico ni legal. En total, la municipalidad concedió 82 días adicionales mediante las ampliaciones 1, 4 y 5. Como resultado, la comuna no aplicó penalidades por mora valorizadas en S/ 559 mil 195,98, el monto más alto del perjuicio identificado.
La Contraloría también advirtió que la obra inició el 12 de junio de 2021 y debía concluir un año después. No obstante, para marzo de 2023 solo alcanzó un 83,80 % de avance físico. Durante ese periodo, la supervisión no ejerció un control efectivo, lo que permitió retrasos y deficiencias en la ejecución. Por ello, el organismo de control consideró este perjuicio en obra educativa como evitable.
Funcionarios y exgestión municipal bajo observación
El informe identifica como responsables a funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y de la Subgerencia de Obras Públicas, áreas encargadas de aprobar ampliaciones de plazo, adicionales y la liquidación de la obra. Las observaciones comprenden actuaciones realizadas durante la exgestión municipal de Alto Selva Alegre, así como decisiones adoptadas en etapas posteriores del proyecto.
Entre los señalados figuran Dan Dali Galicia Fernández, gerente de Desarrollo Urbano; Getza Belem Fernández Almanza, subgerenta de Obras Públicas; la exgerenta de Desarrollo Urbano, Ketty Delmira Valdivia Ureña; y la exsubgerenta de Obras Públicas, Ana María Álvarez Chávez. También se incluye a los integrantes del equipo inspector designado posteriormente, Wilfredo Soncco Vilca y Karina Milagros, quienes quedan sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría.
El informe ya fue remitido a las instancias correspondientes para el inicio de acciones administrativas y legales. La municipalidad deberá responder por la gestión de los recursos públicos destinados a infraestructura educativa.
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