La prevención de delitos informáticos en la región requiere que la población desarrolle un nivel básico de cultura digital. Esta es la conclusión principal de los magistrados, fiscales y defensores públicos que participaron en el curso sobre ciberviolencia de género realizado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Los especialistas sostienen que este conocimiento permite a los ciudadanos identificar riesgos y evitar conductas que derivan en agresiones virtuales. El análisis destaca que las mujeres presentan una mayor exposición a situaciones de cibercontrol, acoso, discriminación y otras variantes de violencia en el entorno de internet.
El evento contó con el soporte técnico del Consejo de Europa y el proyecto GLACY-e. Durante las jornadas de trabajo, los operadores de justicia señalaron la urgencia de implementar campañas de sensibilización enfocadas en la población femenina. El objetivo de estas acciones consiste en informar sobre los procedimientos de protección de la integridad y la sexualidad en las plataformas sociales. Además, los ponentes enfatizaron que el sistema judicial debe adaptar sus medidas de protección actuales para que estas tengan un impacto real y efectivo en el ámbito digital, integrando siempre un enfoque de género.
La operatividad del sistema de justicia frente a las denuncias ciudadanas depende también del fortalecimiento institucional. En ese sentido, los participantes consideran fundamental que el Estado provea de medios técnicos adecuados a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público y al Poder Judicial. La formación especializada de los agentes debe ir acompañada de herramientas tecnológicas que permitan procesar las evidencias con celeridad. Solo mediante esta combinación de recursos técnicos y humanos se podrá ofrecer una respuesta eficaz ante los delitos que ocurren en la red.
Propuestas legislativas y manejo de la evidencia tecnológica
El diagnóstico realizado durante el curso también revela la falta de datos exactos sobre este fenómeno. Los especialistas proponen la creación de estadísticas específicas que vinculen las denuncias presentadas con los resultados obtenidos en el sistema de justicia. Contar con cifras detalladas facilitará una comprensión profunda de la problemática y permitirá ajustar las políticas públicas. Asimismo, los expertos instan a los legisladores a desarrollar estudios y marcos normativos que definan con precisión las conductas que constituyen ciberviolencia contra las mujeres.
En el plano procesal, surge la necesidad de regular la obtención de la prueba digital. Los asistentes al curso propusieron normas claras para el manejo de la cadena de custodia, especialmente en lo que respecta a la recopilación de mensajes en aplicaciones de mensajería. Para garantizar la validez legal de estas pruebas y evitar que los tribunales las descarten por ilicitud, recomendaron el uso de mecanismos técnicos como los códigos hash. Esta tecnología asegura que la evidencia digital no sufra alteraciones desde su recolección hasta su presentación ante un juez.
El juez superior Fernán Fernández Ceballos presidió la clausura del evento. La mesa de honor contó con la presencia del magistrado español José Antonio Piña, representante del Consejo de Europa, y del juez superior Roger Pari Taboada, responsable de la organización de estos espacios de capacitación. Con este cierre, la institución reafirma la importancia de la especialización jurídica para enfrentar los desafíos que imponen las nuevas tecnologías en la protección de los derechos fundamentales.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
