La perdición del Ministerio Público está completa. La mañana del viernes, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinoza como fiscal suprema y no ratificó a Pablo Sánchez, poniendo fin a su carrera.
En el caso de Delia Espinoza, se argumentó que vulneró la Ley de la Carrera Fiscal y que cometió faltas muy graves al no restituir a la impresentable Patricia Benavides, tal como ordenaba la también impresentable JNJ.
En el caso de Pablo Sánchez, la justificación fue similar. Se alegaron supuestas faltas de idoneidad, integridad, conducta y antecedentes disciplinarios. La salida de ambos exfiscales de la Nación deja dos asientos libres en la Junta de Fiscales Supremos. Espacios que ahora serán reclamados por el pacto para asegurar el control del Ministerio Público. Lo festejan los hermanitos.
Fernando Rospigliosi vuelve a la JNJ para denunciar a jueza que no aplicó la ley antiONG
Fernando Rospigliosi ya le agarró cariño a la Junta Nacional de Justicia.
Tanto así que cada vez que un juez no hace exactamente lo que él espera, el camino parece clarísimo: quejarse ante la JNJ y esperar resultados.
Esta vez, el congresista fujimorista presentó una denuncia contra la jueza Rocío del Pilar Ramírez, quien declaró inaplicable la polémica ley APCI, conocida como ley antiONG, en un proceso que favoreció al Instituto de Defensa Legal (IDL).
La denuncia fue presentada antes de la destitución de la fiscal Delia Espinoza, pero hoy cobra un significado especial, considerando la velocidad con la que la JNJ viene atendiendo ciertos reclamos políticos. Coincidencias, dirán algunos.
Rospigliosi acusa a la magistrada de haber “desacatado” una ley del Congreso y busca que sea procesada por el presunto delito de prevaricato.
Según su versión, la jueza permitió que se utilicen recursos del extranjero para “atacar al Estado, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional”, debilitando el orden interno y la defensa nacional. En buen castellano: no aplicó una ley que varios especialistas consideran abiertamente inconstitucional.
La congresista Ruth Luque calificó la denuncia como gravísima y advirtió que el presidente del Congreso estaría utilizando su poder político para amedrentar a jueces que no se alinean con las normas impulsadas por el pacto.
Para Luque, el problema no es jurídico sino político. No se busca justicia, se busca castigo ejemplar. Un mensaje claro para el resto del sistema judicial: quien no obedece, termina denunciado.
Rafael López Aliaga cambiará la capital del Perú si llega a la presidencia: ya no sería Lima, sino Junín
¿Se acuerdan cuando Pedro Castillo juramentó desde Ayacucho, prometió convertir Palacio de Gobierno en museo y aseguró que gobernaría desde las regiones? Pues algo bastante parecido parece estar intentando ahora Rafael López Aliaga.
En una de sus más “brillantes” propuestas, el candidato presidencial de Renovación Popular afirmó que, de llegar al poder, Lima dejaría de ser la capital del Perú. Así, olvidando que fue alcalde de la ciudad que prometió convertir en “potencia mundial”, el popular “tío Porky” anunció que Junín, y no Huancayo, sería la nueva capital del país.
Según explicó, la medida se justificaría porque Junín se encuentra en el centro del territorio nacional, lo que permitiría que las autoridades “conozcan de cerca la realidad de la sierra”.
Lo curioso es que, pese a asegurar que la propuesta figura en su plan de gobierno, no aparece por ningún lado. Un detalle menor, al parecer.
El mismo candidato que durante años despotricó contra el profesor rural, hoy empieza a parecerse bastante a él, al menos en el festival de anuncios grandilocuentes. ¿A qué hora dirá que no cobrará sueldo?
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