La Contraloría General de la República puso la lupa sobre la Autoridad Autónoma de Majes, la unidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa. Resulta que el equipo de control encontró varias inconsistencias en los documentos para contratar la vigilancia de los terrenos del proyecto Majes Siguas II. Estamos hablando de una inversión importante que suma 2 389 834 soles para resguardar las pampas de Siguas y la zona de Pusa Pusa durante un año completo.
Los auditores revisaron los papeles entre el 14 y el 19 de enero de este 2026 y lo que vieron despierta muchas dudas sobre cómo se cuidará el patrimonio estatal. El Informe de Orientación de Oficio número 004-2026-OCI/0617-SOO deja claro que las bases administrativas no definen bien cómo funcionarán las herramientas tecnológicas ni cómo verificarán el trabajo.
Uno de los puntos que genera más ruido es el uso de drones. La Autoridad Autónoma de Majes quiere tecnología en el aire, pero olvidó anotar quiénes manejarán estos equipos. No pidieron un perfil técnico para los operadores ni establecieron cuántas veces al día deben volar los aparatos. Sin estas reglas, la empresa ganadora podría dejar el drone guardado la mayor parte del tiempo y nadie podría reclamar nada.
La vigilancia efectiva necesita parámetros claros de operatividad, no solo la presencia física del equipo. Lo mismo ocurre con los siete receptores de sistema de posicionamiento global que exige el contrato. Aunque los supervisores deben entregar reportes quincenales y mensuales, las bases no explican cómo presentarán la información de estos dispositivos para demostrar que realmente recorrieron los terrenos.
Falta de claridad en la formación del personal
El problema no termina con los aparatos electrónicos, sino que se extiende al entrenamiento de las personas que pondrán el pecho por la seguridad de Majes Siguas II. El documento de la Contraloría General de la Repúblicamenciona que planean realizar ocho capacitaciones para el personal de vigilancia.
Sin embargo, los encargados de redactar las bases omitieron la duración de cada jornada y el cronograma para ejecutarlas. Esto resulta vital porque en estas charlas también participará personal de la propia Autoridad Autónoma de Majes que ya cumple un horario de trabajo establecido. Si no coordinan estos tiempos con antelación, la capacitación podría quedar solo en el papel o interrumpir las labores administrativas.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando revisamos las prácticas con armas. El contrato exige que los 29 agentes de vigilancia realicen cuatro ejercicios de tiro al año. El gran riesgo aquí es la falta de un calendario específico. Al no existir un orden, la empresa contratista podría realizar todos los entrenamientos en una sola semana o incluso en un día para salir del paso.
Una práctica tan apresurada no garantiza que el personal mantenga la destreza necesaria para reaccionar ante una emergencia real en las pampas. La Contraloría General de la República advierte que esta falta de rigor impide un desempeño eficaz y eficiente de los guardias. Ahora, la administración regional tiene la responsabilidad de corregir estos vacíos antes de que el contrato avance y el dinero público termine en un servicio lleno de dudas técnicas.
Con información de la Contraloría General de la República.
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