Representantes del magisterio arequipeño acudieron al Consejo Regional para formalizar el pedido de una comisión investigadora que fiscalice el cumplimiento del pago de la deuda social. La principal molestia del sector radica en que, a diferencia de otras regiones del norte y sur del país, la administración de Rohel Sánchez no destinó recursos para este concepto durante los años 2023, 2024 y 2025. Según el testimonio de los dirigentes, existe un hermetismo sobre los montos actuales del Presupuesto Institucional de Apertura y el uso de los saldos presupuestales que, por ley, deberían cubrir estas obligaciones.
Debido a esta falta de transparencia, los docentes solicitaron a la consejera Norma Ortega que el órgano legislativo asuma su función fiscalizadora para evitar que el Consejo Regional actúe como un apéndice del Ejecutivo. El gremio advierte que el descontento es generalizado y que ya coordinan acciones con la Federación Nacional del Magisterio del Perú. Para el 22 de enero, se programó una asamblea nacional en Lima donde aprobarán un pliego de reclamos que entregarán al Ministerio de Educación el día 30 del mismo mes. Entre las medidas de protesta contempladas figura un paro nacional preventivo en marzo y la posibilidad de una huelga indefinida para los meses de abril o mayo, dependiendo de la decisión de las bases.
Los docentes jubilados son uno de los grupos más afectados, ya que perciben pensiones que oscilan entre los 600 y 700 soles mensuales. El reclamo incluye el pago del 30% por preparación de clases, un beneficio adeudado desde 1990 que en la región suma aproximadamente 400 millones de soles. Los maestros señalan que actualmente deben enfrentar procesos judiciales largos y solo reciben pagos significativos cuando su estado de salud es crítico, una situación que consideran injusta frente a su derecho de disfrutar los frutos de su trabajo en vida.
Marco legal y cifras de la deuda en Arequipa
La situación actual contrasta con gestiones anteriores donde se destinaban anualmente entre 13 y 20 millones de soles provenientes de saldos presupuestales para amortizar estas cuentas. El representante del sector explicó que, mientras en regiones como Cusco o Puno se ejecutan montos superiores, en Arequipa el flujo de pagos se interrumpió totalmente desde el año 2023. El sustento legal de su demanda se encuentra en el artículo 46 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, el cual indica que el titular del pliego presupuestario es responsable de cumplir con las sentencias judiciales de pago de dinero.
En la región existen cerca de 12,000 profesores con 12,400 expedientes pendientes de pago. Las deudas individuales varían según la antigüedad del docente, con montos que oscilan entre 10,000 y 70,000 soles. A pesar de haber sostenido reuniones con el congresista Alex Paredes y funcionarios de presupuesto, los representantes denuncian una falta de liderazgo en el gobierno regional para ordenar a las unidades ejecutoras y a las unidades de gestión educativa local la consolidación de los fondos.
El pasado 9 de enero, el gremio presentó un escrito formal al nuevo gerente de educación para solicitar una audiencia inmediata y priorizar este tema en la agenda regional. Los maestros enfatizan que no piden dinero nuevo, sino la ejecución de recursos que pertenecen a cada trabajador por derecho de sentencia. Ante la ausencia de una política regional clara, los dirigentes sostienen que el magisterio ha sido relegado por la actual gestión, a pesar de las promesas realizadas durante la campaña electoral. La intervención del Consejo Regional se presenta ahora como la última instancia para esclarecer el manejo financiero antes de iniciar las movilizaciones nacionales.
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