Arranca el 2026 y, como no podía ser de otra manera, los actuales aspirantes a la Presidencia y al Senado están literalmente desesperados por subir aunque sea un puntito en las encuestas o, en el mejor de los casos, por aparecer en alguna. Otros, más urgidos aún, intentan maquillar el desastre que dejaron sus malas decisiones.
Así, fieles a la tradición de la política peruana, en las últimas horas varios candidatos han decidido inaugurar el año haciendo el ridículo, con la esperanza de rascar un poco en la olla de aprobación popular. El primero en encabezar este top es Fernando Olivera. El popular Popi apareció en Puno, vestido de inca, prometiendo que con escoba en mano refundará el Perú para devolverlo a la grandeza del Imperio Inca. Una suerte de Manco Cápac versión temu.
El segundo en la lista es José Williams, de Avanza País, quien aparece en un descampado en un intento algo confuso de “hablarle a la juventud” y comprometerla a acabar con la izquierda y el progresismo. El escenario elegido, lejos de inspirar, terminó recordando a muchos las fosas clandestinas donde estudiantes y profesores fueron asesinados durante la época del grupo Colina.
Otro que no quiso quedarse atrás fue Rafael López Aliaga, quien volvió a subir a los cerros para visitar a sus «ahijados». Dos niños lo abrazan agradecidos por haber llevado agua a su zona cuando fue alcalde, recordando así la “gran gestión” que realizó, aunque haya abandonado el barco para tentar la presidencia una vez más.
Y como bonus de cierre aparece el marinero de charco, Jorge Montoya, quien por fin salió a defender su candidatura en el partido de Carlos Espá. Aseguró que mientras los “caviares” lloren, es señal de que están haciendo las cosas bien. Con esa frase, de paso, terminó de enterrar la candidatura del periodista. Y eso que el año recién empieza
La “reestructuración” de Petroperú enfrenta al Defensor del Pueblo con el premier Álvarez: ¿se viene la privatización?
Con Petroperú en estado zombie, el pacto parece haber encontrado la forma de sacar provecho a lo que queda de sus restos. El Ejecutivo dispuso en el papel la reestructuración de la petrolera estatal, lo que en los hechos se traducirá en partir en trocitos a la empresa y luego ver que hacen con ellos. La labor ha sido encargada a Proinversión, que ya confirmó que dividirá en bloques patrimoniales a los distintos sectores de la compañía. Esto incluye a la refinería, los edificios y cualquier línea de negocio existente. Además, de por medio habría un plan de austeridad que pasa por quitar las millonarias gollerías a los funcionarios de alto nivel de Petroperú, donde Perú Libre consiguió meter algunos de sus operadores.
Esta movida ha sacado roncha entre los tontos útiles del pacto, que ya salieron a poner el grito en el cielo con el Defensor del Pueblo y cerronista Josué Gutierrez a la cabeza. El premier Ernesto Álvarez ha aprovechado el berrinche de los lapicitos para justificar la venta de Petroperú como menudencia, pero siempre negando que se trate de una privatización porque, según dijo, la empresa no atrae inversionistas en su actual estado, aunque de seguro ganas no le faltan. Todo hasta las patas, guiño guiño.
Presidente de la ANGR pide evaluar salida de premier Ernesto Álvarez
Con una ironía que no logra ocultar la gravedad de los hechos, Koki Noriega, presidente de la ANGR, respondió al premier Ernesto Álvarez tras el último enfrentamiento fatal en una mina de Pataz que dejó tres fallecidos. Mientras el jefe del Gabinete acusaba a los gobiernos regionales de “usufructuar” su autonomía y hasta de estar implicados con la minería ilegal, Noriega sacó a relucir un dato incómodo: es el Gobierno central quien tiene declarada en emergencia esa zona desde hace casi dos años, un período en el que, según sus cifras, se han registrado 49 víctimas mortales.
Cuestionó el significado de “usufructuar” cuando, asegura, los recursos mineros van directo al MEF y no a las regiones, a las que se les habrían dado competencias sin presupuesto. Ante esta pugna de narrativas, donde cada lado señala al otro como responsable del vacío que llenan la violencia y la ilegalidad, “acá debe haber costos políticos, porque son los responsables el ministro del Interior y también el premier”, sentenció Noriega.
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