Raúl Samillán, hermano del médico asesinado durante las protestas en Juliaca y presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, envió un duro mensaje al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Lo hizo en nombre de los familiares de las víctimas mortales de las protestas sociales de 2022 y 2023, tras la desactivación del equipo fiscal que investigaba las decenas de muertes ocurridas durante la represión del gobierno de Dina Boluarte.
A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del 9 de enero, los familiares siguen denunciando que después de 3 años aún no hay atisbos de justicia. No se ha identificado ni sancionado a los responsables directos e indirectos de las muertes ocurridas en regiones como Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac y Cusco.
La indignación crece aún más luego de que se conociera que el Ministerio Público decidió desactivar el equipo especial que venía investigando estos hechos, una medida que, según los deudos, representa un grave retroceso y una señal de impunidad. Esta decisión se produce pese a que peritajes recientes han confirmado que efectivos militares dispararon contra manifestantes, como en el caso de Ayacucho, donde una de las víctimas recibió impactos de bala desde aproximadamente 70 metros de distancia.
“No vamos a permitir que estos miserables de cuello blanco sigan destruyendo el Ministerio Público y, con ello, nos sigan negando justicia a todas las víctimas”, afirmó Samillán, visiblemente indignado.
Samillán aseguró que los familiares evalúan nuevas medidas de protesta y acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional. En un mensaje directo al fiscal de la Nación, advirtió: “Usted se ha metido con un pueblo que ha resistido invasiones y masacres. Se está metiendo con los hijos de Pedro Vilcapaza”.
Para los familiares, la cercanía del 9 de enero no solo revive el dolor, sino también la sensación de abandono del Estado, mientras la impunidad parece consolidarse.

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