Aunque sus fans se resisten a aceptarlo, el gobierno de José Jerí es más de lo mismo. Con el presidente Stradivarius, Perú vivió el año más sangriento de su historia si de crimen organizado hablamos, con 6.07 muertes violentas al día y un total de 2213 homicidios en el año. A pesar de lo contundente de la información, al Bukele wannabe el asunto o le resbala o no le importa. Para empezar, muy tajante, descartó algún cambio en su gabinete de ministros, aun cuando los resultados no lo respaldaban.
Después, volvió a quitar cuerpo sobre la necesaria derogatoria de las leyes procrimen organizado que aprobaron sus alcahuetes del Congreso con él a la cabeza, escudándose en la supuesta evaluación técnica que promueve el Ministerio de Justicia. Pero lo más descarado ha sido la defensa de Pajerí al inútil estado de emergencia. La medida ha demostrado ser inútil, pero el suplente de Dina Boluarte se niega a dejarla ir, tal vez porque no sabe qué más hacer.
Esa máquina es puro humo.
Fiscal de la Nación asegura a las víctimas de las muertes en protestas que la desactivación del equipo que investigaba los casos no cambiará nada: “Hay que leer bien”.
Tomás Aladino Gálvez está en su prime. Se siente todopoderoso, es el mandamás del Ministerio Público y, por ahora, no hay quien lo frene. Así cumplió su advertencia y se bajó a los equipos especiales que le resultaban incómodos, empezando por Lava Jato, que hace rato le respiraba en la nuca. Y para que pase piola, de yapa también desactivó a los equipos que investigaban corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, con el tono despectivo que ya lo caracteriza frente a la prensa que lo cuestiona, el fiscal de la Nación interino aseguró que “aquí no ha pasado nada”, que todo sigue igual y que la desactivación de los equipos especiales es solo un “reordenamiento administrativo” para evitar duplicidad de funciones. Según él, puro trámite, puro papel.
Pero la historia es conocida. Lo que realmente buscaba era sacar del camino a José Domingo Pérez y Rafael Vela, fiscales que lideraban investigaciones que también lo salpican. Casualidades administrativas, diría Aladino.
En un cruce tenso con periodistas, Gálvez también se dirigió a las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte para “tranquilizarlas”: las investigaciones, dijo, continúan, solo que ahora estarán en otro despacho. Y si no lo entienden, que vuelvan a leer la resolución.
De esta manera, Tomás Gálvez inaugura el año fiscal entre más cuestionamientos que logros, un creciente malestar interno y protestas anunciadas que exigen su salida inmediata.
La pregunta queda flotando en el aire: ¿hasta cuándo le durará el poder?
Congresista Kira Alarraz fue denunciada por agredir a un agente del SAT
La congresista Kira Alcarraz demostró, en una práctica clase de ciudadanía en San Juan de Miraflores, que las leyes de tránsito son para los demás. Al encontrarse su vehículo con orden de captura por una deuda, la parlamentaria, en calidad de acompañante, bajó del auto no para pagar, sino para intentar disuadir el internamiento.
Ante la tozudez de la norma, optó por un argumento más contundente: una bofetada y el arrebato del celular a un colaborador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), gestos que, según la entidad, poco ejemplares, le valieron una denuncia policial. Ironicemos: mientras ella se acogía a un fraccionamiento de su deuda, el trabajador agredido quizá solo recibió la solidaridad institucional.
El vehículo, al menos, cumplió el procedimiento y fue liberado; la lección de civismo, lamentablemente, quedó detenida en el intento.
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