La Tercera Sala Constitucional de Lima admitió la demanda de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, que presentó el 22 de diciembre del 2025 a fin de anular la inhabilitación que le interpuso el Congreso. Fijó la audiencia para todas las partes para el lunes 9 de marzo.
De esta forma, el Poder Judicial (PJ) aceptó este miércoles 7 de enero, dar trámite a la demanda de amparo que presentó la también suspendida fiscal suprema en contra de la inhabilitación de la administración pública por 10 años que le impuso el Parlamento a inicios de diciembre último.
Como se recuerda, Espinoza Valenzuela, denunció desde el inicio de este proceso las «represalias» de un sector de parlamentarios, debido a las más de 30 denuncias constitucionales que presentó a lo largo de su gestión por presuntamente estar vinculados a hechos relacionados con la corrupción.
Dijo que esa hipótesis se comprueba al no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia que disponía la reposición de Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público en junio último.
Frente a la vulneración hacia sus atribuciones, la abogada, antes de Navidad, acudió al PJ para hacer prevalecer sus derechos fundamentales a fin de retornar a la Fiscalía de la Nación como titular de la institución y al cargo de fiscal suprema titular.
¿Por qué inhabilitaron los congresistas a la fiscal?
El informe final que recomendó su inhabilitación está basado en la Denuncia Constitucional que presentaron los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, fue aprobado en el Pleno el 3 de diciembre. La acusaban de haber contravenido la ley que modifica el Código Procesal Penal, por publicar y elaborar el reglamento de la Ley 32130, que fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
El Congreso la responsabilizó de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido una Resolución en octubre del 2024 por la que el PJ le abrió un proceso de investigación preparatoria por 120 días desde el 22 de diciembre último.
El abogado de la suspendida fiscal suprema alega que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión por no haber participado en ambos como tal.
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