La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por ordenar la desactivación de los equipos especiales, especialmente es el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).
De acuerdo con la acusación constitucional, acusa a Gálvez de infringir varios incisos de los artículos 139 y 159 de la Constitución Política. Y si bien en los fundamentos están considerados los cuatro equipos especiales desactivados como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Eficcop, hay especial interés en la disolución del Eficavip.
“La desactivación de Eficavip implica la pérdida de la especialización y experiencia acumulada». Esto en virtud de que los casos se distribuirán a fiscalías ordinarias y en regiones. La parlamentaria se apoya en la opinión de especialistas que consideran que es «un debilitamiento institucional de la persecución penal en casos emblemáticos de derechos humanos y graves delitos».
Según el documento, sobre la desactivación del Equipo Especial para el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, la parlamentaria consideró que afecta la investigación por pasar a fiscalías anticorrupción bajo un esquema regular. Cuestionó más aún que esta decisión la toma Tomás Gálvez quien fue investigado en el proceso en 2021.
«La desactivación del equipo encargado de investigar dicha red configura un evidente conflicto de intereses o, cuando menos, una afectación al deber de objetividad e imparcialidad, al tratarse de una decisión administrativa adoptada por una autoridad que mantiene una vinculación directa con los hechos y actores investigados», refiere.
Sobre el Equipo Lava Jato, cuestiona que se aparte a los fiscales que lideraban y conducían los casos emblemáticos, ya que tanto el ahora excoordinador del grupo, Rafael Vela, y José Domingo Pérez “tienen muchos casos en su dirección y no se ha informado que pasará con ellos”.
Y en el caso del Eficcop, hizo notar que ahora pasará a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, aunque los casos seguirán a cargo de los mismos fiscales.
“He cumplido con presentar la denuncia constitucional: La desactivación de los 4 equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a DDHH ocurridas en el Gobierno de Boluarte. No es una decisión técnica es una infracción constitucional”, escribió Luque Ibarra en un mensaje en sus redes oficiales.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
