El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en conferencia este 6 de enero, dijo a la prensa que los fiscales que investigaban los asesinatos de las protestas de 2022-2023 seguirían a cargo de los casos y que las indagaciones no se perjudicaban. Sin embargo, según documentos revelados, las carpetas irán a despachos en regiones. Luego el fiscal mintió.
Así lo aseveró la periodista Jacqueline Fowks, al revelar los documentos que prueban que Gálvez Villegas mintió. Explica además que el fiscal Andrés Ángel Montoya Mendoza, quien hizo el informe que usó el fiscal interino para eliminar el Eficavip, y que daña el avance de las investigaciones por muertes y lesiones graves cometidos por las fuerzas del orden en las protestas, fue colocado por Gálvez recién a mediados de diciembre.
Fowks recordó también que el Eficavip, el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, lo creó Patricia Benavides en Lima. Esto fue en marzo de 2023, para obstaculizar las investigaciones que ya realizaban fiscales de las jurisdicciones donde la policía y el Ejército violaron los derechos humanos de los ciudadanos en la represión de protestas.
Al respecto, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, sostiene que “el cambio ordenado por el fiscal interino Tomás Gálvez solo demorará las indagaciones. Advierte que hacer ese cambio, a tres años de los sucesos, buscaría generar impunidad”.
«Tres años de investigaciones de las muertes en riesgo y con ello, el acceso de los familiares a la justicia”
La letrada, que representa a los deudos de Ayacucho y Andahuaylas, explicó que los tres años de investigaciones de las muertes durante las protestas sociales contra la expresidenta Dina Boluarte y el Congreso, al ser trasladadas las carpetas a fiscalías según el lugar donde ocurrieron los hechos, “se pone en riesgo el avance de las indagaciones y con ello, el acceso de los familiares a la justicia”.
Las indagaciones están avanzadas y lo que se requería era realizar indagaciones complementarias importantes. Esto, a fin de consolidar las evidencias recopiladas durante todo este tiempo, refirió. Sin embargo, ello se detendrá con la desactivación del Eficavip y el envío de los expedientes a otras fiscalías que no conocen los casos.
“No solo han disuelto al equipo, sino que han enviado a otras dependencias a los fiscales que han estado trabajando en las investigaciones durante estos años, y que ya tenían una teoría del caso. Ahora todo se tendrá que suspender”, indicó Cano.
Dijo a La República que, por ejemplo, en el caso de Ayacucho han preferido mandar a un fiscal que no ha visto nunca el caso en lugar de la fiscal Karen Obregón, que lo tuvo en un inicio. Lo mismo ha pasado con las investigaciones de Juliaca, Andahuaylas, Cusco. “Eso parece un boicot a los casos, algunos de los cuales estaban por terminar y otros que ya contaban con control de acusación”, advirtió.
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