El Órgano de Control Institucional de Sedapar S.A. ha emitido una alerta tras evaluar el «Plan de Gestión Reactiva 2026-2027». Este es el instrumento diseñado para garantizar el servicio de saneamiento ante posibles emergencias en la provincia de Arequipa.
La auditoría, realizada entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2026, identificó riesgos críticos que podrían comprometer la distribución de agua potable para miles de ciudadanos en situaciones de desastre.
De acuerdo con el informe de orientación de oficio N° 003-2026-OCI/0263-SOO, la empresa prestadora incluyó en su estrategia de respuesta un total de 13 camiones cisterna que carecen de autorización sanitaria vigente. Esta irregularidad vulnera la normativa de salud pública, específicamente la Norma Técnica Sanitaria NTS n.º 166-MINSA/2020/DIGESA. Esta exige que todo vehículo que suministre agua para consumo humano cuente con el permiso de la autoridad sanitaria correspondiente.
Inconsistencias en capacidad de respuesta
La auditoría detalló que, de las unidades observadas, diez corresponden a cisternas de apoyo municipal y tres son de propiedad directa de Sedapar S.A.. Al no contar con certificados de desinfección ni permisos sanitarios, estas unidades no deberían ser consideradas aptas para trasportar agua para el consumo humano. Esto reduce la flota disponible de 102 a solo 89 camiones certificados para operar legalmente en Arequipa.
Esta reducción en la cantidad de vehículos disponibles genera una brecha preocupante frente a los propios cálculos de la entidad. Sedapar estimó que, ante un escenario de muy alto riesgo que afectara las plantas de tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra y La Tomilla, el 88,4% de la población metropolitana quedaría desabastecida. Para cubrir esta demanda crítica, se requieren obligatoriamente 120 camiones cisterna, cifra muy superior a la capacidad real verificada por el ente de control.
Riesgos para la salud pública y recomendaciones
La falta de unidades certificadas impide asegurar el volumen diario mínimo de agua potable. Este es exigido por el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento. Según la normativa vigente, la empresa debe garantizar que la distribución alterna, independientemente del medio utilizado. Además, que cumpla con estándares estrictos de calidad y volumen para proteger a los usuarios afectados por interrupciones mayores a 18 horas.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha notificado al Directorio de la empresa para que se adopten acciones preventivas y correctivas en un plazo de cinco días hábiles.
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