El exmandatario Pedro Castillo presentó este jueves una solicitud formal de indulto presidencial ante el actual presidente interino, José María Balcázar, alegando ser víctima de una persecución política. El documento fundamenta el pedido en razones humanitarias y busca la libertad del exjefe de Estado, quien cumple una condena de once años por conspiración para la rebelión.
El pedido lo hizo el abogado de Castillo, Walter Ayala, luego de que Balcázar Zelada declaró que esta medida no estaba en sus planes. Sin embargo, la defensa del expresidente Castillo refirió que, “el trámite debe seguir su curso como un gesto de reconciliación nacional”.
Como se informó, apenas tomó el mando José Manuel Balcázar y ante las preguntas de la prensa sobre un eventual indulto a Castillo, aseguró ante la opinión pública que el indulto para el exmandatario Pedro Castillo «no está en agenda». Pero, este jueves la defensa legal de este último ingresaba formalmente el pedido de gracia presidencial por la mesa de partes de la sede del Ejecutivo.
“El perdón presidencial no forma parte de mis preocupaciones inmediatas. En principio, nadie me lo ha pedido. En segundo lugar, no está en la agenda porque uno siempre tiene que trabajar sobre hechos concretos materiales y objetivos», declaró el mandatario, subrayando que su prioridad es garantizar un proceso de transferencia de mando adecuado.
Oficializan pedido de indulto presidencial para Castillo cuando sale Reglamento sobre estas gracias
Sin embargo, el abogado Walter Ayala oficializó la solicitud al apersonarse a Palacio de Gobierno y registrar un documento con la firma directa de Castillo Terrones, que recogió previamente del penal de Barbadillo. Según Ayala, el solo hecho de ingresar el escrito coloca el tema en la agenda pública, obligando al Ejecutivo a darle el trámite correspondiente.
La solicitud de Castillo se ampara en el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución Política, que faculta al presidente a conceder gracias. Y en el escrito, el expresidente argumenta que su condena de once años y cinco meses por el delito de conspiración para la rebelión es producto de una «persecución política» y solicita que su caso sea evaluado bajo un «principio de humanidad», planteando su liberación como un gesto de reconciliación nacional.
El pedido llega además justo cuando el Ministerio de Justicia acaba de aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Según la Resolución Ministerial, el objetivo es el de regular la organización y funcionamiento de la estructura, competencias y procedimientos que deberá seguir este grupo de trabajo encargado de evaluar las solicitudes de gracias presidenciales, como indultos y conmutaciones de pena.
El reglamento da mayor claridad y orden al trámite de los expedientes, así como que precisa las funciones de sus integrantes y los criterios aplicables en el análisis de cada caso. La Comisión de Gracias Presidenciales es el órgano encargado de emitir las recomendaciones al despacho presidencial sobre las solicitudes presentadas por personas privadas de libertad, en el marco de las facultades constitucionales del jefe de Estado.
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