Lo que debía ser una herramienta para la difusión equitativa de propuestas de los partidos políticos, denominada como Franja Electoral, se ha convertido en un cuestionado manejo de recursos que hace presumir conflictos de interés, pero sí evidencia una falta de transparencia y vacíos legales que impiden una fiscalización efectiva por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Solo con el inicio de la pauta publicitaria con fondos públicos destinados a la propaganda electoral en Perú para las Elecciones 2026 se ha desatado una nueva crisis política tras revelarse presuntas irregularidades en el uso de los S/80 millones de fondos públicos asignados a 38 organizaciones políticas.
El escándalo que ha hecho tambalear algunas candidaturas ha llegado a instancias judiciales, siendo actualmente materia de investigación que encabezará la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios que ya derivó la carpeta fiscal a un despacho provincial para el inicio a las diligencias este lunes 9 de febrero.
Así lo ha dispuesto el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien anunció una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto direccionamiento de los recursos entregados a los partidos como publicidad estatal en la franja electoral. La hipótesis fiscal apunta a delitos graves contra la administración pública.
Pero, en el ámbito político, el malestar ha sido tal que diversos candidatos han comenzado a plantear la eliminación definitiva de la franja electoral. En el caso más sonado del partido País para Todos (PPT) cuyo candidato es Carlos Álvarez, decepcionado llegó a decir que renunciaría, pero no lo hizo, sin embargo, su partido ha decidido no participar de la franja electoral.
¿Qué pasó con los partidos y su presumible favoritismo a unos medios en específico?
Entre los casos más críticos sobre el uso de la franja electoral está el del partido Fuerza y Libertad que lleva como candidata a la presidencia a Fiorella Molinelli. Esta agrupación entregó el 100% de sus fondos (S/1.6 millones) a la empresa Video Films SAC – Sol TV. Este canal peruano con sede en Trujillo pero que cubre diversas partes del Perú, fue fundado en 2003 y pertenece a la familia Cruzado Saucedo. Su gerente general es Ricardo Cruzado.
Le sigue el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) que invirtió el 53% (S/906 mil) en la misma empresa, Sol TV, aunque su candidato Walter Chirinos calificó el hecho como un «error» que sería reajustado.
Entre otros partidos que han concentrado sus fondos en proveedores específicos está como hemos mencionado, País para Todos (PPT) que destinó el 38% (S/642 mil) de su asignación al canal, Nativa TV. Como dijimos, esto provocó que Carlos Álvarez, su candidato presidencial, amenazara con renunciar al no haber sido consultado. El tema se “zanjó” con el anuncio de que no renunciará a la candidatura, pero la agrupación renunciará formalmente al uso de la franja electoral. Atribuyeron lo sucedido a una «inexperiencia» en la distribución estratégica.
Primero la Gente y Alianza Para el Progreso
Continúa en términos de porcentaje de inversión, el partido Primero la Gente, que lleva como candidata a Marisol Pérez Tello. Esta agrupación adjudicó el 24% de su presupuesto (S/416 mil) al mismo canal Nativa TV, empresa vinculada a Miguel del Castillo, quien en ese momento estaba como candidato a diputado por dicha agrupación y tras admitir que participó en la decisión de contratación, renunció a la candidatura, decisión que aceptó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En el caso de Alianza para el Progreso (APP) cuyo dueño, líder y candidato a la presidencia es César Acuña, dirigió S/349,882 a Cosmo Televisión, medio vinculado históricamente a la familia de César Acuña, a pesar de que los candidatos actuales nieguen la propiedad directa.
La ONPE deslinda responsabilidades porque todo está en la ley
Ante los cuestionamientos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha deslindado responsabilidades directas sobre la elección de los medios que han hecho los partidos.
De acuerdo con este organismo electoral, la ley vigente faculta a los partidos a elegir libremente dónde contratar. Además, el organismo no está habilitado para fiscalizar a qué empresas se adjudican los montos ni verificar la audiencia. Ni la capacidad técnica de medios digitales o de streaming que reciben sumas millonarias.
En ese sentido algunos especialistas consultados advierten que existe un vacío legal crítico. Esto, porque la normativa actual no prohíbe que los dirigentes asignen fondos a sus propios medios. Ni regula las comisiones de intermediarios, según lo dicho por Kevin Advíncula Medrano, experto en derecho electoral a La República.
Consecuencias y propuestas de reforma
En ese orden de hechos y opiniones, para evitar que esta «farra» de fondos públicos se repita, expertos sugieren que el próximo Congreso (2026-2031) realice una reforma profunda. Esta debería inclir la prohibición expresa de contratar medios vinculados a dirigentes o candidatos y establezca una supervisión previa obligatoria por parte de la ONPE.
También resaltan la necesidad de que haya una rendición de cuentas para evitar el uso indebido de los recursos estatales durante las campañas.
Por ahora, la falta de transparencia y los cuestionamientos siguen marcando el ritmo de una campaña que apenas comienza.
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