Según el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el promedio global ha descendido a un preocupante 42 sobre 100, marcando la primera caída significativa en más de una década. En este contexto global adverso, la situación de Perú es especialmente alarmante. El país ha obtenido una puntuación de 30 sobre 100, lo que lo sitúa muy por debajo del promedio mundial y lo clasifica entre las naciones con «graves problemas de corrupción».
Este informe, que evalúa a 182 países, revela que la inmensa mayoría de las naciones no logra mantener la corrupción bajo control, con un 68 % de los países situándose por debajo de los 50 puntos. La calificación dada al Perú, refleja una percepción de corrupción sistémica en el sector público que afecta la confianza en las instituciones y la estabilidad del país.
Uno de los factores más críticos identificados en el informe para el caso peruano es la creciente interferencia política en las organizaciones no gubernamentales (ONG). Bajo la actual administración, se ha observado un patrón preocupante de restricciones a las libertades de expresión y asociación.
El informe cita específicamente la introducción de leyes destinadas a limitar el acceso a la financiación internacional y a disolver organizaciones que fiscalizan y critican al gobierno, como la ley sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
No hay seguridad para quienes denuncian ni para la prensa
La seguridad para quienes denuncian irregularidades también se ha visto gravemente comprometida. El IPC 2025 destaca que Perú ha sido escenario de actos violentos contra la prensa, mencionando el trágico asesinato del periodista Gastón Medina en 2025, quien fue fusilado frente a su casa mientras cubría noticias relacionadas con la corrupción.
Estos ataques generan un clima de autocensura y debilitan la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas. Además, este deterioro institucional ha provocado una respuesta masiva de la ciudadanía. Durante el año 2025, Perú fue testigo de una oleada de protestas lideradas por la Generación Z.
Los jóvenes salieron a las calles para exigir acciones concretas y responsabilidad a sus gobernantes, motivados por la percepción de que quienes ostentan el poder abusan de él para beneficio propio mientras los servicios públicos básicos y la economía nacional continúan deteriorándose.
A nivel regional, Perú se encuentra en una posición de desventaja frente a sus vecinos. Mientras países como Uruguay (73) y Chile (63) mantienen puntuaciones que los sitúan como líderes en transparencia en las Américas, Perú, con sus 30 puntos, queda rezagado detrás de Colombia (37) y Argentina (36). Esta brecha evidencia una falta de reformas legales e institucionales sostenidas que otros países de la región sí han logrado implementar.
Puntuación baja está relacionada con el equilibrio democrático
El informe de Transparencia Internacional advierte que las puntuaciones bajas están intrínsecamente ligadas a la erosión de los controles y equilibrios democráticos.
En Perú, el debilitamiento de la independencia judicial y la politización de los sistemas de justicia permiten que los funcionarios corruptos sigan abusando de su poder con impunidad, lo que reconfigura los incentivos políticos a favor de intereses privados en lugar del bien común.
La corrupción en la gestión de fondos públicos tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los peruanos, exacerbando la pobreza y la desigualdad. Cuando los recursos se desvían, la calidad de servicios esenciales como la salud y la educación disminuye drásticamente.
El informe subraya que los países con mejores puntuaciones en el IPC tienden a ofrecer una cobertura de salud mucho más accesible y eficiente para su población.
Recomendaciones del Transparency International
Ante este escenario, el organismo internacional recomienda encarecidamente garantizar la independencia de las instituciones de justicia. “Para que el sistema funcione, los nombramientos de jueces y fiscales en Perú deben estar protegidos de presiones políticas o económicas externas, asegurando que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en conexiones personales”, advierte el informe.
Asimismo, se hace un llamado urgente a proteger el espacio cívico y a los denunciantes de irregularidades. El fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en el país requiere de un marco normativo que habilite, en lugar de restringir, el trabajo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, permitiéndoles identificar señales de alarma en la contratación pública y el gasto estatal.
El costo de no actuar podría ser económico además de social. El informe advierte que los gobiernos que no atienden las preocupaciones de integridad de su ciudadanía corren el riesgo de ahuyentar la inversión extranjera. Las empresas buscan entornos estables y transparentes, y la persistencia de altos niveles de corrupción podría costar al Perú valiosas oportunidades de desarrollo y creación de empleo.
Finalmente, Transparencia Internacional concluye que el mundo, y específicamente países en situaciones críticas como Perú, necesitan dirigentes con principios e instituciones fuertes. La recuperación de la confianza pública y el cumplimiento de la promesa de un futuro mejor para los ciudadanos dependen de un compromiso real con la integridad, la transparencia en la financiación política y el respeto irrestricto a las normas internacionales.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
