Hablar y condenar al narcotráfico como el grupo criminal más influyente en la economía y la política en el Perú ha sido -en general – relativizado, escamoteado e invisibilizado. Nos referimos a la infiltración en la alta política y, en este siglo XXI, en los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipales) financiando los dos tipos de campañas electorales. A contrapelo, hablar del narcotráfico se redujo a una mirada policial: capturas de traficantes, la erradicación de los cultivos ilicitos de coca, destrucción de pozas de pasta y laboratorios de cocaína, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, etc.
El escamoteo, relativización e invisibilidad del poder del narcotrafico en la política y economia caracterizó a los -por obvias razones- sectores políticos, medios de comunicación y -algo incomprensible- a la academia. Las ciencias sociales, los politólogos y las ONGs de investigación simplemente, lo omitieron. O lo condensaron en el término de corrupción o el crimen organizado. Utilizaron ambos terminos para evadir aludir a la especialidad del narcotráfico.
En cuanto a las autoridades gubernamentales, abordaron el tráfico ilícito de drogas o narcotráfico policialmente. Salvo casos relevantes («Mosca Loca», Carlos Langberg, Villa coca de «El Padrino», «Vaticano», y AeroContinente del «Lunarejo», el «narcoavión presidencial, etc) en los años 80 y 90, concitaron la atención de la investigación policial y periodística. Pero no ahondaron en la influencia y presencia del narcotráfico en el poder político.
Ni vieron como esa industria criminal subterránea generó y exacerbó la corrupción estructural y sistémica que viene de la colonia y prosiguió a lo largo de la República. Esa evasión u omisión exprofeso, salvo contadas excepciones, los llevó a investigar la corrupción hiperbolizada y la violación de los derechos humanos en el régimen dictatorial fujimorista. Por esa razón, no vieron a ese régimen como el primer narcoestado, un tipo de narcodictadura.
Tampoco vieron como el narcotráfico se readecuó tras la caída del narcoestado fujimontesinista el 2000. Ni mucho menos vieron el financiamiento de las campañas electorales presidenciales y municipales/regionales a lo largo de los últimos 25 años que, a diferencia del largo período anterior, en la que financiaron a candidatos en su nómina, los narcos saltaron a la política: pasaron a ser candidatos al Congreso y los gobiernos subnacionales y, además, crearon sus propios partidos (APP, Podemos, Renovación Popular) o adoptaron un partido (Fuerza Popular) o cooptaron (Avanza País) los existentes.
En los procesos electorales de 2011, 2016 y 2021 lograron -sin dejar de financiar a otros candidatos de diversos partidos- representación propia en el Congreso y los gobiernos subnacionales (regionales y municipales). Pasaron de ser el grupo criminal, proceso que arrancó en los años 40, 50 y 60 del siglo XX, con mayor influencia en la economía a ser el de mayor influencia en la política (ese proceso habría empezado con nitidez en las elecciones de mayo de 1980, cuando «Mosca Loca» financió a Acción Popular y Carlos Langberg al Apra).
Así, pues, el narcotrafico ha sido la industria criminal que, en paralelo a los grupos económicos tradicionales y emergentes de las drogas y Odebrecht, mandó en las campañas electorales de 2011 y 2016. La minería ilegal emerge en la política local y regional en 2010 y nacional en 2011. Sin embargo, en las investigaciones predominó la corrupción, los aportes de los grupos económicos en general y Odebrecht. El narcotráfico permaneció invisibilizado.
Eso ha cambiado en los dos años y meses (2023-2025). No para reconocer su notable influencia y presencia en la economía y el poder político nacional, sino para afirmar que mueve menos que la minería ilegal y, por lo tanto, su poder es menor que la minería ilegal del oro. O para decir que ha sido sustituida por el boom del oro ilegal. Estamos pasado de la invisibilidad a la relativización y desaparición del narcotrafico.
Los datos favorecen ese discurso. En un contexto signado por incremento inédito del precio del oro (a inicios de febrero, la onza de oro llegó a $5,500 la onza). Y el crecimiento imparable de la minería ilegal en el corpus nacional, diversos sectores empresariales y comunicadores han venido sosteniendo y difundiendo un cambio inocultable: la minería ilegal mueve más que el narcotrafico.
Las versiones comparativas más difundidas fueron dos: la minería ilegal mueve siete (7);o doce (12) veces más que el narcotrafico. Ninguna de esas versiones se ajustan a la información oficial. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal del oro movía $10 mil millones en 2023 y el tráfico ilícito de drogas $4,742 millones. En 2024, el IPE estimó el valor en $12 millones.
Así, entre 2023 a 2024, la minería ilegal del oro movía más que el narcotrafico, pero no siete ni doce veces más. Ni en 2025 el valor del oro ilegal ha llegado a ser siete veces más m: según la UIF, la minería ilegal subió a $14 mil millones. Es más, es necesario hacer la siguiente precision: hasta el primer semestre de 2023, la corrupción movía S/ 24, 242 millones, unos $6,000 millones; el narcotráfico $4,115 millones (estimación propia) y la minería ilegal $3,900 millones.
¿Qué indican las cifras de 2023? Que la corrupción y el narcotráfico movian mas que la minería ilegal en asceso. El desbocamiento sin precedentes del precio del oro y, por extensión, de la minería ilegal data de fines de 2023. Y prosiguió entre 2024 y 2025. Ese es el período de mayor auge de la minería ilegal y legal. Ese auge, esto hay que destacarlo, coincide con el auge del narcotrafico, la corrección, la extorsión y la trata de personas.
En conclusión: el oro ilegal mueve más que el narcotrafico en el lapso de 2024-2025::12 mil millones ve 4,742 millones. Es decir, tres veces más que el narcotrafico. Y esa tendencia, debido a la crisis del dólar como moneda de reserva mundial y la emergencia de los BRICS, posiblemente seguirá en curso ascendente. Ello, en el ámbito nativo, se traducirá en un mayor poder económico y político. No hay nada que indique lo contrario. Todo lo contrario.
Pese a estos datos aproximativos de estas economías criminales, y de la relativización del valor y peso del narcotrafico respecto a la minería ilegal, un exjefe de lavado de activos del Ministerio Público ha estrenado un relato que va más allá de su relativización. Ese relato ha sido propagado por La Encerrona, cuyo conductor le dió un toque equilibrado.
Vayamos al relato del funcionario de la fiscalía.
Se trata de las afirmaciones del excoordinador de las fiscalias de lavado de dinero Mirko Cano. ¿En lo fundamental qué dijo Cano? Primera afirmación: «Un fenómeno que se está dando y parece que la población no se ha dado cuenta, el Perú era exportador de drogas. Hoy en día, es exportador de minería ilegal».
Afirmar que el Perú «era’ exportador de drogas» y ahora es «exportador de minería ilegal» es absolutamente falso. Sostener que el Perú ha dejado de exportar drogas y ahora exporta minería ilegal, es equivalente a afirmar que el narcotrafico ha dejado de existir. En otros términos, el excedente de coca, el procesamiento en pasta y el refinamiento de cocaína y la exportación de drogas a los mercados internacionales ha sido sustituido por la minería ilegal.
De un plumazo el fiscal Mirko Cano le ha expedido la partida de defunción del narcotrafico, la principal matriz -al igual que la corrupción y el contrabando- del crimen organizado en el país. La minería ilegal, según el mencionado fiscal, ha sepultado, sin que nos diéramos cuenta, por la exportación de oro de la minería ilegal. Mas de cien años de narcotráfico habrían desaparecido de la faz del país.
¿Cuál es la realidad del narcotrafico en el país? Los datos planetarios muestran al narcotráfico, al igual que el oro ilegal, en un auge inédito. Según el Informe Mundial de las Drogas, al año 2023 el mundo consumió 3,700 toneladas, un incremento también inédito. Eso representa un crecimiento de cuatro veces respecto al 2014. Los datos nacionales también muestran un notable crecimiento: de 62,500 hectáreas en 2011 pasó a más de 95 mil hectáreas en 2024. Y una producción estimada de 950 toneladas de cocaína (Devida, 2023).
Esas cifras, que pueden ser mayores a las cifras oficiales, muestran que el narcotráfico está en auge. En ningún momento, contra la afirmación del fiscal Mirko Cano, el Perú ha dejado de ser exportador de cocaína y pasta base a Europa, el Mercosur (Brasil, Argentina, etc), Oceanía y Asía. El Perú se mantiene como el segundo productor de cocaína a escala mundial. Eso sí, como ya vimos, por el precio del oro nunca visto, mueve menos que la minería ilegal
Algo más ha afirmado el fiscal Mirko Cano: «Los narcotraficantes han visto la forma de cambiar de cambiar su rubro: ya se dedican a la minería ilegal. ¿Por qué? Es mucho más rentable y hay menos controles». No es así. Desde 2008 y 2009, en Madre de Dios y Puno, los narcos lavan en el oro el dinero que ganan en el tráfico de drogas. En los últimos tres años, con el precio del oro en ascenso y desbocamiento (2024-2025), lavan más. O han comprado minas para comprar el oro informal. Y, sobre todo, ilegal.
Finalmente, ¿es cierto que la minería ilegal manda en el mundo criminal y la campaña electoral en curso? De ninguna manera. En dos años y dos meses (segundo semestre de 2023 hasta inicios de 2026) del desbocamiento del precio del oro no se pueden comparar con los casi cien años y los cuatro ciclos de crecimiento del narcotrafico (1930-1940, 1960-1970, 1980-1995 y 2000-2025).
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