La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui, viene siendo cuestionada por exponer públicamente a adolescentes víctimas de abuso sexual a las que coaccionaron para continuar con sus embarazos en el albergue que fundó junto a su esposo.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) decidió intervenir el refugio fundado por la congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui, tras admitir que en ese espacio niñas víctimas de violación son obligadas a llevar a término sus embarazos. El MIMP informó que la intervención busca verificar si el albergue cumple los estándares de protección integral y atención para menores en extrema vulnerabilidad, conforme al principio del interés superior del niño.
Jáuregui y su esposo crearon el refugio “Casa del Padre”, al cual llegan niñas de entre 10 y 13 años que han sufrido abuso sexual y quedaron embarazadas. La propia congresista ha declarado que en ese lugar las menores “no se arrepienten” de dar a luz y que “la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”, comentarios que generaron una ola de rechazo en opinión pública y entre organizaciones de derechos humanos.
Durante un evento realizado en dicho centro, la parlamentaria presentó a las menores ante el público y participó con ellas en actividades religiosas junto a sus hijos. Las imágenes difundidas generaron reacciones críticas en redes sociales y en diversos sectores.
Especialistas y usuarios señalan que esta exposición podría constituir una forma de revictimización, al tratarse de menores en situación de alta vulnerabilidad.
En entrevistas previas, Jáuregui ha señalado que decidió involucrarse en esta labor tras ver diversos casos de adolescentes en situacion de abandono, a los que calificó como un “llamado divino”. No obstante, también ha sido cuestionada por reiterar públicamente que las jóvenes fueron víctimas de abuso sexual y por afirmar que “la principal víctima” es el bebé en gestación.
A través de sus redes sociales, la congresista sostuvo que esta información es falsa y afirmó que su trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial. Sin embargo, sus críticos señalan que el cuestionamiento no apunta al funcionamiento del albergue, sino al uso político de este espacio para reforzar su postura ideológica, defender su visión sobre el enfoque de género y cuestionar políticas públicas como el aborto terapéutico en caso de abuso sexual.
Además de las críticas políticas, organizaciones de la sociedad civil han pedido formalmente a la Fiscalía que investigue el refugio gestionado por Jáuregui, advirtiendo que las prácticas admitidas por la legisladora podrían poner en grave riesgo a las niñas víctimas de violación. Colectivos como Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos, PromSex y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han señalado que la afirmación de que la “única víctima” es el feto niega la dignidad de las menores y desconoce su calidad de víctimas de violencia sexual, lo que puede agravar su sufrimiento físico, emocional y social.
Las organizaciones también han exhortado al Ministerio Público a iniciar una investigación exhaustiva y de oficio, para determinar si en el albergue se están cometiendo posibles delitos como la revictimización institucional o la coerción, y han instado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a revisar sus mecanismos de atención y derivación para garantizar que las intervenciones se rijan por el interés superior del niño y los estándares internacionales de derechos humanos.
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