Las intensas lluvias, de la semana pasada, que pusieron en riesgo a cerca de 300 estudiantes y docentes que tuvieron que ser evacuados de emergencia, reavivaron el debate sobre la legalidad de la construcción del campus universitario en un predio cuya clasificación urbana original no permitía ese tipo de infraestructura.
El agua que ingresó al local universitario aquella tarde no solo evidenció la vulnerabilidad física de una edificación levantada en un área colindante a una torrentera activa, sino que también recordó que, desde el punto de vista legal, existen serios cuestionamientos sobre cómo se autorizó y ejecutó esta obra en un terreno que, según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, tenía un destino distinto.
Un acto administrativo declarado nulo
La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero emitió la Resolución de Gerencia Municipal N.° 240-2024-GM/MDJLBYR, mediante la cual anuló las licencias otorgadas a la Universidad Continental. Esta decisión se tomó en cumplimiento de la sentencia judicial contenida en la Vista N.° 106-2021-3Asc, del 29 de marzo de 2021, que declaró fundada la demanda presentada por la comuna distrital.
El fallo judicial determinó la nulidad de la habilitación urbana del predio al establecer que el terreno estaba calificado originalmente como zona agrícola y parque zonal, categorías que resultan incompatibles con la construcción de infraestructura educativa de la magnitud proyectada por la universidad. Asimismo, la sentencia dejó sin efecto el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que había servido de base para la autorización, considerando que el Plan de Desarrollo Metropolitano vigente en ese momento clasificaba el área como comercio zonal y zona recreativa.
La declaración de nulidad de la habilitación urbana impactó directamente en todos los actos administrativos posteriores que se sustentaron en ella. Bajo el principio jurídico de que si el acto base es inválido, las licencias que dependen de él pierden todo sustento legal, la municipalidad procedió a revocar la Resolución de Edificación N.° 692-2016-GDU y la Licencia de Edificación N.° 139-2020-GDU.
Para sustentar esta decisión, la comuna distrital invocó el artículo 214 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que faculta a la administración pública a dejar sin efecto actos administrativos cuando desaparecen las condiciones legales indispensables para su existencia. Según el criterio municipal, la sentencia judicial eliminó el soporte legal que permitió otorgar las licencias, por lo que mantenerlas vigentes habría implicado contravenir abiertamente el marco normativo urbano y administrativo.
El conflicto judicial que no termina
Pese a la resolución municipal y el fallo judicial que la respalda, el caso de la Universidad Continental en Arequipa está lejos de tener un desenlace definitivo. La institución educativa respondió interponiendo un recurso de nulidad de resolución, registrado con el expediente N.° 08177-2024-CI, al que se sumaron una acción de amparo y una demanda contra el alcalde Fredy Zegarra Black y otros funcionarios municipales por presunto abuso de autoridad.
Los antecedentes del conflicto se remontan a años atrás, cuando la universidad obtuvo sus primeras autorizaciones en un contexto de modificaciones a la zonificación del terreno. Según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, el predio donde hoy se levanta el campus solo era compatible originalmente con actividades de forestación. Sin embargo, en un determinado periodo se modificó la clasificación a Zona con Reglamentación Especial (ZRE), lo que permitió el otorgamiento de la licencia de edificación. Desde entonces, el municipio venía solicitando la nulidad de la resolución que sustentó dicho cambio.
Tras varios procesos judiciales en los que inicialmente se declaró infundada la demanda municipal, una sala superior concluyó que los actos administrativos que aprobaron la edificación contravenían normas de mayor jerarquía y aplicaban incorrectamente las ordenanzas locales vigentes. Fue este razonamiento el que finalmente determinó la nulidad de las autorizaciones emitidas.
La decisión judicial dejó sin efecto los certificados y actos administrativos vinculados a las licencias de la universidad. Frente a este escenario, la casa de estudios no solo denunció a las autoridades municipales, sino que también presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que el máximo tribunal evalúe si la sala superior aplicó correctamente la ley en su sentencia.
A la espera de una sentencia definitiva en Arequipa
El Poder Judicial aún no ha emitido la sentencia en segunda instancia que defina la situación legal de la Universidad Continental en Arequipa. De confirmarse el fallo que anula las licencias, ello significaría que tanto la habilitación urbana como la edificación misma habrían sido inválidas desde su origen, con todas las consecuencias legales y administrativas que ello implicaría.
Mientras tanto, el episodio ocurrido el 19 de febrero, cuando las aguas desbordadas de la torrentera Los Incas inundaron las instalaciones universitarias, puso en evidencia que los riesgos asociados a esta construcción no son solo de carácter legal. La ubicación del campus, en un área colindante a una torrentera activa y en un terreno cuya clasificación original no consideraba apto para infraestructura educativa, representa un factor de peligro real para los cientos de personas que diariamente transitan por sus instalaciones.
El desastre natural actuó como un recordatorio físico de las alertas que desde hace años vienen planteando diversos sectores sobre la necesidad de respetar la planificación urbana y las normas de seguridad en una ciudad como Arequipa, donde las torrenteras representan un elemento geográfico determinante para la seguridad de las poblaciones asentadas en sus inmediaciones.
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