El atentado contra la empresa de transportes “Los Rojitos”, que terminó enlutando a tres familias a manos de sicarios por presuntas extorsiones, ha dejado al país sumido en el miedo y la frustración ante la aparente incapacidad de frenar una violencia que avanza sin freno.
A diario, personas inocentes pierden la vida por negarse a pagar cupos. En esta ocasión, una de las víctimas fue Jorge Vargas, un joven chofer de apenas 23 años que estaba a punto de culminar su carrera profesional y trabajaba al volante de una combi para costear sus estudios.
Junto a él, dos mujeres que viajaban como pasajeras también fallecieron producto del feroz ataque a balazos perpetrado en San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió cuando la unidad de la empresa “Los Rojitos” cubría su ruta habitual, momento en el que sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra el conductor y los ocupantes.
La madre de Jorge, en medio del dolor, ha suplicado que el caso de su hijo no sea olvidado. Entre lágrimas, exigió justicia y pidió que los responsables reciban la máxima sanción. “Le han quitado toda su vida”, expresó.
La indignación crece también por la respuesta de las autoridades. Este atentado ocurre mientras el coronel de la Policía Nacional, Óscar Arriola, sostiene que las cifras de homicidios y extorsiones han disminuido en comparación con años anteriores.
Tras el crimen, las unidades de la empresa “Los Rojitos” suspendieron sus operaciones como medida de protesta y por seguridad, dejando sin servicio a decenas de pasajeros que dependen diariamente de este transporte. Conductores y cobradores señalaron que no cuentan con garantías para continuar trabajando ante las constantes amenazas de organizaciones criminales.
El jefe de la División de Homicidios, Víctor Revoredo, lamentó el triple asesinato ocurrido en San Juan de Miraflores y confirmó que el ataque estaría vinculado a mafias de extorsión que operan en el transporte público. Asimismo, indicó que se han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y determinar la organización detrás del crimen.
Las primeras diligencias incluyeron la recolección de casquillos de bala en la zona, así como la revisión de cámaras de seguridad cercanas que podrían haber registrado el desplazamiento de los atacantes. Testigos señalaron que los sicarios se movilizaban en motocicleta y huyeron rápidamente tras perpetrar el ataque.
Este caso no es aislado. Se suma a una cadena de hechos violentos que incluyen el reciente asesinato del empresario Jhon Leyva Zorrilla en Los Olivos, quien durante años denunció ser víctima de extorsión sin recibir protección efectiva. Su muerte ha reforzado la idea de que, incluso al denunciar, muchos ciudadanos quedan expuestos y sin respaldo.
Estos hechos se suman a una serie de atentados similares registrados en las últimas semanas contra empresas de transporte y empresarios que se niegan a pagar cupos, en medio de un incremento de denuncias por extorsión en distintos distritos de Lima.
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