El Colegio de Abogados de Lima (CAL) mediante un comunicado cuestionó la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación debido a las investigaciones que se le sigue por imputaciones penales. En tanto, el IDL y la CNDDHH enviaron una carta al Ministerio Público solicitando una nueva elección de fiscal interino, en rechazo a la elección del nuevo fiscal de la Nación.
El CAL en su pronunciamiento emitido este lunes 23, luego de conocerse la elección del nuevo fiscal de la Nación hasta el 2029, expresó su preocupación por las investigaciones penales que enfrenta Tomás Gálvez, advirtiendo a la ciudadanía sobre los riesgos que esto implica para el sistema de justicia y la institucionalidad en el país.
“Este hecho genera preocupación en el contexto del funcionamiento del sistema de justicia”. Asimismo, advirtió sobre “una posible vulneración del Estado de derecho en el país”. Además, podría afectar la independencia del sistema de justicia.
Reiteran su preocupación por el impacto de su designación en las instituciones que podría tener implicancias en el respeto al Estado de derecho y en el funcionamiento del sistema judicial.
¿Qué dicen el IDL y la CNDDHH en la carta enviada al Ministerio Público?
A través de un carta enviada al Ministerio Público, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidieron a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) que proceda a una nueva elección del fiscal de la Nación interino, porque en su evaluación, Tomás Gálvez “no cumple con los criterios legales, constitucionales y supranacionales”.
Para el IDL no han considerado que quien estaba como fiscal interino “no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político”. Esto, porque cometió tres hechos graves.
La remoción del cargo a las fiscales provisionales, Elena Carolina Delgado (exfiscal suprema provisional) y Alejandra Cárdenas (exfiscal adjunta suprema provisional), “quienes venían investigando y solicitando información sobre hechos de relevancia penal que lo involucran directamente”.
Al efectuar esas remociones incumplió con el estándar supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del caso “Casa Nina vs. Perú” del 24 de noviembre del 2022, al removerlas sin un argumento objetivo.
Asimismo, el IDL refiere que Gálvez Villegas interfirió en la función de las fiscales provisionales al removerlas de su cargo generando un “impacto negativo en el deber de persecución del delito del Ministerio Público”.
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