La Comunidad nativa Pano Arawak está denunciando el hostigamiento de la empresa Negociación Maderera Travi Satipo S.R.L. (Nematsa) que busca anular el reconocimiento oficial de este pueblo indígena. Ha denunciado penalmente a los comuneros por presunta deforestación con lo que paralizó la titulación de las tierras.
La polémica por la titularidad se agravó cuando el Gobierno Regional de Ucayali otorgó, en agosto de 2025, el reconocimiento administrativo al grupo étnico Pano Arawak con una resolución oficial. Tras lo cual, los nativos iniciaron el trámite para obtener la propiedad del área que ocupan desde hace décadas.
Pero poco después, Nematsa presentó un recurso de nulidad contra la resolución. Cuestionó la validez del reconocimiento e incluso la existencia del asentamiento indígena. “Sin el reconocimiento, no se puede continuar el proceso”, explica la abogada Maritza Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que acompaña el caso.
Este hecho ocurre en una zona cercana a reservas y revive el temor de la violencia que se ha expandido en contra de los defensores amazónicos. Por ello, los dirigentes indígenas están advirtiendo sobre las amenazas que sufren mientras la comunidad enfrenta el conflicto legal por la titulación de su territorio ancestral en la región Ucayali.
¿Qué es lo que viven los comuneros nativos?
De acuerdo con lo dicho por Gino Machay, líder indígena de la comunidad nativa Pano Arawak, ubicada en la provincia de Atalaya (Ucayali), “yo puedo ser amenazado en cualquier momento, pero tengo que estar preparado. En la Amazonía ya hemos visto lo que pasó en Saweto”.
Asimismo, informó que a varios de los integrantes de la comunidad los denunciaron penalmente por presuntamente deforestar. Los acusan de realizar tala o quema dentro de áreas bajo concesión y cuya investigación está en etapa preliminar.
Los dirigentes y las organizaciones que los respaldan ven esta situación como una estrategia para impedir que la población obtenga la propiedad colectiva de un espacio donde actualmente se superponen concesiones forestales.
“Sin el reconocimiento, no se puede continuar el proceso”, explicó a La República la abogada Maritza Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que acompaña el caso.
La tensión aumentó en los últimos meses porque algunos trabajadores vinculados a la empresa han destruido canoas o cultivos y colocado letreros que restringen el ingreso a áreas donde familias han vivido durante años. Y en un hecho más grave, efectivos de la Policía que habría llevado Nematsa al lugar, habrían apuntado con arma a un comunero por no presentar su DNI, porque “algunos no tienen’’, afirmó Machay.
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