Durante una entrevista en el canal de YouTube de la Agencia de Noticias Andina, el candidato presidencial Carlos Álvarez Loayza, del partido País para Todos, se refirió a la pena de muerte como una medida para enfrentar la delincuencia y señaló lo siguiente:
“Mientras no se aplique la pena de muerte, que es una propuesta mía, cadena perpetua a los delitos más graves: sicariato, extorsión, etc.”.
Sin embargo, aunque la propuesta ha sido mencionada por el candidato en diferentes momentos —con Rosa María Palacios, Exitosa, 24 Horas, en el podcast de Aaron Salomón—, no está incluida en el plan de gobierno de su partido, País para Todos, por lo que no cuenta con el respaldo formal necesario para su implementación. En ese sentido, la afirmación resulta imprecisa.
El plan de gobierno: un requisito obligatorio
El plan de gobierno es el documento que cada organización política presenta para participar en las Elecciones. En él se detallan objetivos, propuestas y acciones para un eventual periodo de gestión sobre la base de un diagnóstico del país.
De acuerdo con el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el plan de gobierno es un requisito obligatorio para inscribir candidaturas a la presidencia, vicepresidencias y al Congreso (Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino) ante el Jurado Electoral Especial (JEE) competente.
¿Para qué sirve?
Sobre la violencia letal y el crimen organizado, el plan de gobierno de País Para Todos tiene como objetivo “fortalecer la capacidad del Estado, especialmente del sistema de justicia, para identificar y desarticular organizaciones criminales nacionales y extranjeras mediante investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes”. No hace referencia a la creación de nuevas sanciones penales, como la pena de muerte.
Para el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes Campos, que la propuesta de la pena de muerte no esté escrita en el plan de gobierno de País para Todos representa una contradicción y significaría que el partido no le está dando el peso necesario.
“El plan de gobierno, sin duda, refleja una intención. No una intención clara del partido, tampoco del presidente siquiera, pero refleja una intención política y las prioridades de un gobierno”, sostuvo. “Es sumamente importante un plan de gobierno porque nos marca un poco el norte de cuáles serán las principales políticas públicas”.
Por su parte, el economista Eduardo Recoba explica: “Los planes no son solamente la visión del país desde lo económico, social, cultural, sino que incluye el concepto de Estado-Nación, de decisión y liderazgo político. Además, la pena muerte no es aplicable en nuestro país por lo débil de nuestras instituciones, llámese Poder Judicial, Ministerio Público o la Policía Nacional”, indicó el especialista.
En esa línea, el abogado y analista político José Saldaña señala que el plan de gobierno es, en teoría, “es el instrumento de comunicación y de legitimidad del sistema electoral”. A través de éste, los partidos detallan las políticas públicas y reformas que se comprometen a ejecutar en caso de llegar al poder.
Sin embargo, Saldaña advierte que en la práctica peruana este rol ha perdido peso. El especialista señala que desde la década de 1990, los planes de gobierno han sido frecuentemente modificados, abandonados o reinterpretados por las autoridades una vez electas, lo que ha debilitado su credibilidad ante la ciudadanía.
En ese contexto, el especialista considera que plantear medidas que no figuran en el plan de gobierno —como la pena de muerte, en el caso del candidato Carlos Álvarez— evidencia una desconexión entre el discurso público y los compromisos formales de campaña. Además, subraya que este tipo de propuestas pueden responder más a estrategias de impacto político que a iniciativas viables.
Instaurar la pena de muerte implica la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos
José Saldaña detalló que reinstaurar la pena de muerte en el Perú no solo requeriría reformas legales profundas, sino también la salida del país de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana. Este proceso implicaría decisiones del Poder Ejecutivo y el Congreso, además de un alto costo político a nivel internacional.
En ese sentido, el experto concluye que propuestas de este tipo, cuando no están sustentadas en planes de gobierno ni en marcos legales viables, “no pasan de ser intentos populistas” que apelan al descontento ciudadano frente a la inseguridad, pero sin posibilidades reales de implementación.
En ningún apartado del plan de gobierno del partido de Carlos Álvarez, se hace referencia a los Derechos Humanos.
Respuesta del partido de Carlos Álvarez
PerúCheck solicitó los descargos de Carlos Álvarez a través de su partido político País para Todos. La respuesta fue que el candidato explicó su postura anteriormente en un programa de la periodista Rosa María Palacios.
En la entrevista, Álvarez contestó que la bandera de proponer la pena de muerte tiene más años, antes de inscribirse a País para Todos. Esto aplica también a otros políticos que, a lo largo de los años y pasadas elecciones, han propuesto la pena de muerte; es decir, no es una iniciativa exclusiva de Álvarez.
Conclusión
La pena de muerte no forma parte de la propuesta formal del candidato presidencial Carlos Álvarez. Si bien el candidato la ha planteado en distintos espacios, no figura en el plan de gobierno de su partido País para Todos, lo que podría limitar –de acuerdo con las fuentes consultadas– su viabilidad como política pública. Además, a lo largo de los años otros políticos han propuesto la misma iniciativa Por tal motivo, PerúCheck califica la afirmación de Carlos Álvarez como imprecisa.
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