LOS ÚLTIMOS DE LA FILA | Pobladores de las comunidades de Saringabeni y Kitaparay, afectadas directamente por la deflagración y la emergencia en el gasoducto de Camisea, denuncian que continúan siendo ignoradas por las autoridades. Aunque el Gobierno ha desplegado esfuerzos para evitar que Lima y otras grandes ciudades sientan el impacto del desabastecimiento de gas, estas comunidades aseguran que no han recibido atención suficiente ni por parte del Estado ni de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Líderes locales advierten que varios pobladores aún presentan problemas de salud tras el incidente y temen que la contaminación afecte a los ríos cercanos, de los cuales dependen para su consumo y actividades cotidianas. En el Congreso, solo algunos parlamentarios han solicitado apoyo urgente para brindar atención médica a los habitantes de la zona, pero hasta ahora sus pedidos no han tenido mayor eco.
El accidente ocurrió el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco. Una fuga en el gasoducto del sistema Camisea provocó una deflagración en una estación de válvulas. El incidente no solo originó la actual crisis de abastecimiento de gas natural en el país, sino que también dejó graves consecuencias para las comunidades cercanas.
Según reportes difundidos por autoridades locales y recogidos por medios nacionales, alrededor de 500 personas pertenecientes a unas 60 familias resultaron afectadas por la exposición al gas y al humo generado tras la explosión. Los pobladores reportaron síntomas como dolor de cabeza, irritación ocular, mareos, vómitos y problemas respiratorios.
Abraham Taracaya, teniente gobernador de Kitaparay, indicó que los malestares comenzaron el mismo día del accidente y continuaron durante los días posteriores. Las autoridades comunales también alertaron sobre un posible riesgo de contaminación en los ríos de la zona. Esto incrementa la preocupación entre las familias que dependen de estos recursos naturales.
Además, un video donde dos presuntos trabajadores de TGP muestran la gravedad del momento. Allí narraron entre lágrimas como escaparon de la explosión registrada en la estación de válvulas del kilómetro 43 (KP-43), en el sector Saringabeni. Según su relato, primero se produjo una fuga de gas y luego una deflagración que generó un fuerte estruendo y llamaradas intensas. Los trabajadores de Camisea afirmaron que fueron lanzados por los aires por la explosión y lograron escapar hacia el bosque tras el incidente. Así, contaron que “se salvaron de milagro”.
Ambos también reportaron síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza y ojos enrojecidos debido a la exposición al gas. Ante la situación, los pobladores han exigido la presencia de brigadas médicas especializadas, así como evaluaciones ambientales independientes que determinen el impacto real del incidente. También han solicitado que tanto el Estado como la empresa operadora informen con claridad sobre las causas del accidente y establezcan medidas para evitar nuevos eventos similares.
Mientras tanto, brigadas del Ministerio de Salud han realizado algunas atenciones en la zona. Aunque líderes comunales sostienen que estas intervenciones siguen siendo insuficientes frente al número de afectados y a la magnitud de la emergencia sanitaria que enfrentan.
En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades por contaminación ambiental . También riesgos contra la seguridad y salud en el trabajo. Mientras el organismo supervisor Osinergmin realiza inspecciones para verificar si la empresa cumplió con los estándares de seguridad y mantenimiento en la infraestructura del gasoducto.
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