Polémica en la Comisión de Justicia, donde el predictamen que propone crear un Registro de Pueblos Originarios dentro de la SUNARP fue calificado como discriminatorio y racista por Maricarmen Alva y Gladys Echaíz.
Según su postura, este tipo de iniciativas solo genera más división entre peruanos, recordando lo ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando —afirman— fueron tildadas de racistas. “Los racistas eran ellos”, sostuvieron.
Echaíz señaló que el proyecto podría “aislar” a las comunidades y consideró que no debería prosperar, ya que el país debe mantenerse como una sola unidad. Por ello, planteó que la propuesta sea enviada al archivo.
Sin embargo, el predictamen en discusión se sustenta en los proyectos de ley 2905/2022-CR y 7667/2023-CR, los cuales responden a una problemática concreta: muchas comunidades originarias enfrentan trabas administrativas para su reconocimiento legal, dependiendo de la voluntad política o capacidad técnica de los gobiernos regionales. Sin este reconocimiento, no existen formalmente ante el Estado.
La propuesta busca eliminar intermediarios, permitiendo que el reconocimiento se realice directamente a nivel nacional a través de la SUNARP, sin pasar por instancias regionales. Además, apunta a otorgarles personalidad jurídica plena, lo que les permitiría negociar directamente con el Estado o empresas, gestionar recursos propios y defender sus territorios con representación legal.
En términos prácticos, el proceso actual exige dos pasos: primero, el reconocimiento oficial por parte del gobierno regional; y luego, la inscripción en la SUNARP. Este registro les permite titular tierras colectivas, firmar contratos y fortalecer su autonomía organizativa.
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